En el Perú se solicitan cada hora al menos 64 mil servicios de movilidad o reparto a través de plataformas digitales.
Pese a ese peso creciente en la economía, diversas iniciativas legislativas buscan regular el sector sin reconocer su carácter colaborativo, lo que pondría en riesgo su viabilidad, según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE).
El informe «Impacto de las plataformas digitales en la economía peruana», encargado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), actualiza dos versiones previas, de 2021 y 2023.
Este estudio se presentó en un webinar con Gonzalo Manrique, economista senior del IPE; Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú; y Mario Zúñiga, investigador senior de Políticas de Competencia en el International Center for Law & Economics.
Las plataformas se disparan fuera de Lima
En 2025 se pidieron, en promedio, 1.3 millones de viajes y 197 mil pedidos de reparto al día, más de cinco veces lo registrado en 2020.
Ese salto responde a una adopción acelerada: 5.8 millones de peruanos usaron estas plataformas el año pasado, el 37% de la población urbana de 15 a 64 años y seis veces más que en 2020.
Lima y Callao concentraron tres de cada cuatro servicios en 2025, pero la cobertura hacia otras ciudades —principalmente Trujillo, Arequipa y Chiclayo— viene creciendo desde 2022.
La seguridad, motivo principal para usarlas
El 96% de los usuarios percibe las plataformas de movilidad como algo o mucho más seguras que tomar un taxi en la calle, lo que las convirtió en el principal motivo para recurrir a ellas.
Los usuarios valoran, sobre todo, la identificación del conductor o el vehículo y el seguimiento por GPS. Así, el 72% de los usuarios de movilidad afirma no haber sido nunca víctima de un incidente que afecte su seguridad.
Un aporte de S/10.7 mil millones a la economía
En 2025, 327 mil conductores y 184 mil repartidores usaron activamente estas plataformas, el 7% de los trabajadores independientes del país.
Seis de cada diez prestadores están conformes con su nivel de ingreso: la mediana del ingreso neto llega a S/8.8 por hora, 62% por encima del salario mínimo por hora en el Perú (S/5.4).
Según el IPE, los aplicativos también habrían contribuido a reducir el desempleo en 15%, equivalente a 166 mil puestos de trabajo.
Las ventas a través de plataformas digitales sumaron S/9.6 mil millones el año pasado, más de tres veces lo registrado en 2020 en términos reales.
A eso se suman otros S/1.1 mil millones en efectos indirectos, por el mayor gasto de los prestadores y los comercios aliados. En conjunto, el aporte del sector asciende a S/10.7 mil millones, el 0.9% del PBI.
El riesgo de regular sin distinguir perfiles
Las iniciativas legislativas en curso buscan establecer una relación de dependencia entre conductores y repartidores con las plataformas.
Sin embargo, el 86% de los prestadores se percibe a sí mismo como independiente, y valora especialmente la flexibilidad de horarios y la autonomía que ofrece este modelo.
Una regulación de ese tipo afectaría en particular al 42% de prestadores que usa más de un aplicativo y al 34% que ofrece sus servicios solo de manera ocasional o estacional.
Al desconocer el rol de intermediario que cumplen las plataformas, las propuestas ponen en riesgo tanto la viabilidad de la industria como los beneficios que esta genera.
Piden regular caso por caso, no de forma uniforme
Dupuy sostuvo que las plataformas digitales ya se consolidaron como una actividad relevante para la economía peruana, que los usuarios valoran su flexibilidad y que la trazabilidad por GPS resolvió en la práctica el problema de inseguridad.
Por eso, dijo, la prioridad del Estado debería ser promover el sector y extender sus beneficios, no restringirlo.
Añadió que las plataformas no son un bloque homogéneo —hay tantos modelos de operación como plataformas— y que cualquier norma debe evaluarse caso por caso.
Zúñiga, por su parte, planteó que no debería regularse sin identificar antes una falla concreta de mercado que lo justifique, y que en el caso de las plataformas esa falla no existe.
A su juicio, la tecnología ya corrigió buena parte de los problemas que la regulación buscaría resolver, como la inseguridad y la calidad del servicio.
Además, se trata de un mercado competitivo, en el que los usuarios pueden elegir entre varias plataformas o recurrir directamente a un taxi o a un restaurante.
Ambos coincidieron en que no hay razones que justifiquen una regulación uniforme del sector.
El IPE concluye que hacerlo sin considerar su funcionamiento real pondría en riesgo la viabilidad económica de una industria de la que dependen seis millones de usuarios, 500 mil conductores y repartidores, y 13 mil comercios.