Negocios

9 de cada 10 grandes empresas sienten que aportan más al Estado de lo que reciben, según estudio de Ipsos

La percepción de un intercambio injusto sube a 91% en la gran empresa, justo el segmento sobre el que recae la mayor carga tributaria del país, según Ipsos y la Cepal.

Por Jordy Acevedo
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presión tributaria empresas Perú
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74% de las empresas peruanas siente que recibe del Estado menos de lo que aporta en impuestos y otras obligaciones, frente a solo 13% que considera el intercambio justo y equilibrado, según el estudio «Empresas y Estado» de Ipsos. La percepción de desbalance aumenta con el tamaño de la empresa: 70% en la microempresa, 77% en la pequeña y mediana empresa y 91% en la gran empresa.

Esa cifra no aparece en el vacío: coincide con lo que la propia data oficial describe como una paradoja tributaria peruana. Según la Cepal, la presión tributaria del Perú fue de solo 16.3% en 2024, la posición 23 de 28 economías de América Latina y el Caribe, por encima únicamente de Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Guyana. Perú es, además, uno de los siete países de la región donde la recaudación como proporción del PBI cayó entre 2014 y 2024.

Sin embargo, esa baja presión tributaria agregada esconde una carga muy desigual: un estudio comparativo situó a Perú en el puesto 5 entre 30 países que concentran el 86% del PBI mundial en «presión fiscal formal», por encima de economías como Alemania, España, Canadá e Italia.

La razón es la altísima informalidad: al no pagar la mayoría de los negocios del país, el fisco concentra la recaudación en un grupo reducido de empresas formales, que terminan asumiendo una carga desproporcionada. Es precisamente el segmento donde el estudio de Ipsos encuentra el mayor rechazo (91% en la gran empresa).

El otro lado de la ecuación, qué reciben las empresas a cambio, tampoco favorece al Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó una inversión pública de S/36,687.7 millones entre enero y agosto de 2026, un 9% más que en 2025, pero su propio Índice de Gestión de las Inversiones Públicas (IGEIP) ubica a los gobiernos locales en un nivel apenas «regular» (0.487 sobre 1), con retrocesos en 25 de 26 departamentos.

A ello se suma que la Contraloría General contabilizó 2,262 obras públicas paralizadas a junio de 2026, por S/62,828 millones, de los cuales S/27,548 millones aún no se ejecutan. Son datos que respaldan, con cifras oficiales, la sensación empresarial de que el esfuerzo tributario no se traduce en obras ni servicios visibles.