Cuando una empresa peruana pasa de ser microempresa a gran empresa, el salto en su interacción con el Estado es más pronunciado con unas entidades que con otras. Según el estudio «Empresas y Estado» de Ipsos, la proporción de empresas que realizó gestiones con Sunafil en los últimos 24 meses pasa de apenas 7% en la microempresa a 81% en la gran empresa.
Con los ministerios sectoriales, el salto es de 10% a 63%. En cambio, SUNAT (de 76% a 93%) y las municipalidades (de 73% a 85%), al ser prácticamente ineludibles desde el inicio, crecen de forma más moderada.
El hallazgo se refleja en cómo Perú es percibido internacionalmente para hacer negocios. Según el Global Business Complexity Index 2026 de TMF Group, el país ocupa el puesto 10 a nivel mundial y el sexto en América Latina entre las naciones más complejas para operar un negocio.
Gremios empresariales citados en el reporte identifican tres trabas centrales: la inestabilidad política que hace retroceder procesos ya aprobados, la discrecionalidad de municipalidades y gobiernos regionales —que aplican requisitos distintos para trámites similares— y la lentitud de los permisos ambientales, culturales y sociales, que en algunos casos toman años.
El propio estudio de Ipsos plantea el reto en los mismos términos: el problema no es solo cuántas entidades fiscalizan a una empresa, sino la falta de una experiencia estatal integrada y coordinada a medida que el negocio crece, de modo que la complejidad administrativa no se convierta en una barrera para seguir expandiéndose.