El alto costo de EsSalud, percibido sin un beneficio de calidad a cambio, es la principal barrera que las empresas peruanas identifican para contratar personal en planilla (37%), según el estudio «Empresas y Estado» de Ipsos. Le siguen los costos laborales adicionales al sueldo mensual como CTS y gratificaciones (30%), la incertidumbre económica y política del país (30%), la dificultad para desvincular a un trabajador por bajo desempeño (28%) y el monto del sueldo mínimo y sus aumentos imprevistos (25%).
La barrera principal cambia radicalmente según el tamaño de la empresa. En la microempresa, el costo de EsSalud sigue siendo el freno más citado (37%), seguido de la incertidumbre económica (28%) y el sueldo mínimo (26%).
En la pequeña y mediana empresa, el problema se desplaza hacia los costos laborales adicionales (38%) y la incertidumbre (36%). En la gran empresa, la preocupación central ya no es el costo de contratar sino el de desvincular: 68% —más del doble que el promedio nacional— señala la dificultad para despedir a un trabajador por bajo desempeño como su principal barrera, seguida de los costos laborales adicionales (60%).
Este hallazgo llega en un momento en que el propio Poder Ejecutivo discute cambios en esa dirección. El gobierno de Keiko Fujimori incluyó en su primer pedido de facultades legislativas, elevado tras la aprobación del Consejo de Ministros del 2 de agosto de 2026, la creación de un «régimen progresivo» para las mypes que permitiría incorporar de manera gradual —según la capacidad económica de cada empresa— obligaciones como los aportes a EsSalud y pensiones, la CTS, las gratificaciones, las vacaciones y la protección contra el despido, en lugar de aplicar las mismas reglas a todas las empresas desde el primer trabajador contratado.