La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) detectó al cierre de 2025 a 78 empresas consideradas Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), negocios que emitieron miles de facturas pese a no contar con personal, activos ni infraestructura real.
De acuerdo con el texto base, esas operaciones pusieron en riesgo a más de 57,800 clientes y comprometieron más de S/3,195 millones en crédito fiscal e impuesto a la renta que el Estado no reconocerá.
Qué es una factura falsa y por qué genera riesgo tributario
José Arturo Matos, abogado especialista en derecho penal, señaló que el uso de facturas falsas o la creación de empresas de fachada no solo constituye una infracción tributaria, sino también un delito penal.
El especialista advirtió que estas conductas pueden derivar en penas privativas de libertad, inhabilitación para ejercer actividades comerciales y responsabilidad solidaria para socios y representantes legales.
Según explicó, muchos emprendedores terminan involucrados en estas prácticas sin dimensionar el alcance real de sus actos, muchas veces inducidos por terceros.
Cómo se define una factura falsa
Una factura falsa es todo comprobante de pago que no responde a una operación real. Eso incluye servicios que nunca se prestaron, bienes que nunca se entregaron o montos adulterados para reducir artificialmente la carga tributaria.
En el Perú, esta conducta está tipificada en la Ley Penal Tributaria, es decir, el Decreto Legislativo N° 813. Dependiendo del monto defraudado y de la reincidencia, la sanción puede llegar hasta ocho años de prisión.
Empresas de papel y responsabilidad de terceros
El texto también advierte sobre las llamadas empresas de papel o sociedades ficticias, creadas sin objeto comercial real y usadas para triangular dinero, evadir impuestos o lavar activos.
El problema para el emprendedor de buena fe aparece cuando presta su nombre o firma documentos sin entender que asume la titularidad legal de operaciones ilícitas. En esos casos, puede quedar expuesto ante SUNAT y el Ministerio Público.
Señales de alerta para un empresario
Matos identificó varias prácticas que deben activar alertas en cualquier negocio. Entre ellas figuran proveedores que ofrecen “facturas a pedido” sin una operación real, invitaciones a figurar como socio o representante legal de empresas que no conoce, presión para registrar ingresos o gastos que no corresponden al giro del negocio y contadores que proponen “ajustar” declaraciones tributarias con documentos de terceros.
El abogado remarcó que los emprendedores deben validar a sus proveedores y evitar operaciones sin sustento real, porque una práctica irregular puede terminar en investigaciones penales, sanciones económicas y daño reputacional.