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Producción de cobre en el sur se triplicó en dos décadas y concentra 64% del total nacional

El sur recibió S/68,000 millones por canon y regalías mineras en los últimos 20 años. El desafío ahora es convertir estos recursos en mejores servicios públicos.

Por Ricardo Lopez Alvarez
5 minutos
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La minería se consolidó como uno de los principales motores económicos del sur del Perú. En las últimas dos décadas, la producción de cobre en esta macrorregión se triplicó y llegó a representar alrededor del 64% de la producción nacional, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).

El avance minero también coincidió con una expansión económica y una reducción de la pobreza. Desde 2004, cerca de 2 millones de personas salieron de esta condición en el sur.

Sin embargo, el informe advierte que el reto ahora es transformar los mayores ingresos provenientes de la actividad minera en mejores servicios públicos.

El cobre gana peso en el sur

La minería representó, en promedio, el 15% del PBI nacional durante las últimas dos décadas y más del 60% del valor de las exportaciones. Su importancia es todavía mayor en el sur, donde el crecimiento de la actividad minera impulsó la economía regional.

En los últimos 70 años, la economía de esta macrorregión se multiplicó por diez. Moquegua registró un crecimiento promedio anual de 4.5% y Arequipa de 3.8%, por encima del promedio del sur, que alcanzó 3.4%.

El crecimiento de la minería también incrementó los recursos disponibles para los gobiernos subnacionales. Entre 2004 y 2024, el sur recibió S/68,000 millones por concepto de canon y regalías mineras.

Este monto representa el 52% de las transferencias mineras distribuidas en todo el país durante ese periodo.

No obstante, el IPE señala que todavía existe una brecha importante entre los recursos recibidos y la capacidad para convertirlos en infraestructura y servicios de calidad.

Menos pobreza, pero brechas que persisten

El dinamismo económico estuvo acompañado por una reducción significativa de la pobreza. Moquegua destacó por registrar una de las mayores caídas de este indicador en el país durante las últimas dos décadas.

En Apurímac, donde la actividad minera se expandió más recientemente, la pobreza disminuyó en 17 puntos porcentuales desde el inicio de las operaciones mineras en 2016.

Los avances también se reflejan en otros indicadores sociales. Moquegua, Tacna y Arequipa presentan las menores tasas de desnutrición crónica infantil del país.

Apurímac, por su parte, fue la región que más posiciones avanzó en el Índice de Competitividad Regional (INCORE) durante la última década.

Sin embargo, persisten problemas de acceso y calidad de los servicios públicos. Más de la mitad de los locales educativos públicos de Apurímac, Cusco y Puno requiere sustitución.

El acceso al agua también muestra una diferencia importante entre cobertura y calidad. En Apurímac, más del 96% de la población tiene acceso a agua, pero solo 10.7% cuenta con agua adecuadamente clorada.

Toquepala y Cuajone muestran el impacto de largo plazo

La experiencia de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) permite observar cómo la actividad minera puede generar efectos que se extienden más allá de la producción y el empleo.

El estudio del IPE compara distritos de la zona de influencia de la empresa con localidades similares que no tuvieron actividad minera. Los resultados muestran una mejora más rápida de distintos indicadores sociales en las zonas vinculadas a la minería.

La diferencia fue visible desde las primeras décadas. En 1972, el 34.8% de las viviendas del área de influencia de SPCC contaba con alumbrado eléctrico. En los distritos comparables sin minería, la cobertura llegaba al 15%.

También se registraron avances en acceso a agua, desagüe y calidad de las viviendas.

La actividad minera se inició con Toquepala, en Tacna, en 1960, y continuó con Cuajone, en Moquegua, en 1976. Con el paso del tiempo, ambas regiones también lograron elevar su capital humano y sus niveles de empleo formal.

En 2025, el empleo adecuado alcanzó al 67.5% de la población de Moquegua y al 60.9% de Tacna, frente al 56.8% del promedio nacional.

Además, el impacto laboral de la minería supera al empleo generado directamente por las empresas. El IPE estima que por cada puesto minero directo se generan otros seis empleos en Moquegua y siete en Tacna.

Así, durante 2025, la actividad minera habría generado alrededor de 226,000 empleos directos e indirectos en ambas regiones.

El desafío: convertir ingresos mineros en desarrollo

El potencial de recursos es todavía considerable. Entre 2004 y 2024, SPCC aportó más de S/49,000 millones al Estado en términos reales. Según el IPE, este monto equivale a casi 60% del presupuesto acumulado de Tacna y Moquegua.

La empresa también generaría nuevos ingresos para ambas regiones. El instituto estima que SPCC podría aportar alrededor de S/18,000 millones adicionales durante los próximos 10 años.

El monto equivale a 18 veces el presupuesto del programa Juntos y a 88 veces el costo de los Colegios de Alto Rendimiento construidos en Tacna y Moquegua.

Por ello, el principal desafío no está únicamente en generar más recursos, sino en mejorar la capacidad de los gobiernos regionales y municipales para ejecutarlos.

Una cartera minera que puede ampliar el crecimiento

El IPE sostiene que la ejecución de los proyectos mineros actualmente en cartera podría tener un impacto significativo sobre la economía peruana.

Según sus estimaciones, estos proyectos aportarían un monto superior a dos veces el PBI nacional registrado en 2023. Además, elevarían la recaudación en 77% y el empleo en 17%.

El efecto también podría trasladarse a la reducción de la pobreza. El instituto proyecta una caída de este indicador de una magnitud comparable con la registrada entre 2007 y 2019, cuando pasó de 42% a 20%.

A esta cartera se suman proyectos de energía, infraestructura portuaria y aeroportuaria, además de iniciativas agroindustriales en el sur.

En conjunto, estas inversiones podrían ampliar los encadenamientos productivos y generar nuevas oportunidades de empleo.

El reto, por tanto, será aprovechar el potencial minero sin perder de vista la calidad del gasto público.

Para el sur, el siguiente paso no es solo producir más cobre, sino convertir esa riqueza en infraestructura, servicios y oportunidades sostenibles para su población.