La Cámara de Comercio de Lima (CCL) solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitir un pronunciamiento inmediato sobre la difusión pública de un plan de gobierno atribuido al candidato presidencial Roberto Sánchez que, según la institución empresarial, presenta diferencias sustanciales respecto al documento registrado ante la autoridad electoral.
La entidad sostuvo que el pedido busca garantizar que los electores cuenten con información válida y oficial antes de acudir a las urnas, especialmente a pocos días de la jornada electoral prevista para el 7 de junio.
A través de un comunicado, la CCL recordó que el artículo 24 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, así como el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026, establecen que el plan de gobierno inscrito ante el JNE constituye el documento oficial y vinculante de una candidatura.
Según la organización empresarial, una eventual modificación del contenido luego de vencido el plazo de inscripción no estaría permitida por la normativa electoral vigente.
En ese sentido, advirtió que la promoción de una propuesta distinta a la registrada podría generar cuestionamientos sobre la información que reciben los ciudadanos durante la campaña.
La CCL también citó el artículo 176 de la Constitución Política, que señala que el sistema electoral debe garantizar que la voluntad popular se traduzca en resultados legítimos. Para ello, indicó, los votantes deben tener acceso a información cierta y jurídicamente válida sobre las propuestas de los candidatos.
Solicitudes dirigidas al JNE
En su pronunciamiento, la Cámara de Comercio de Lima pidió al organismo electoral que precise si la difusión de un documento distinto al inscrito constituye una infracción a las reglas electorales.
Asimismo, solicitó que el JNE determine de manera expresa cuál es el plan de gobierno que posee validez jurídica para efectos del proceso electoral y del voto ciudadano.
La institución también demandó que se adopten las medidas necesarias para garantizar el principio de igualdad entre candidatos y proteger el derecho de los electores a acceder a información auténtica durante la campaña.
Finalmente, la CCL señaló que su posición responde a una exigencia de carácter institucional y jurídico, y sostuvo que plantearía el mismo pedido frente a cualquier candidatura que incurra en una situación similar.