El Instituto Peruano de Economía (IPE) consultó a 95 economistas entre el 22 y el 27 de octubre.
El 75% estima que un Fenómeno El Niño (FEN) Costero extraordinario en el verano de 2027 recortaría al menos un punto porcentual el crecimiento del PBI, frente a un escenario sin el fenómeno.
Es el resultado de la décima edición de “Los principales economistas opinan”, la encuesta mensual del IPE sobre coyuntura económica y políticas públicas.
Cuánto costaría el fenómeno al crecimiento
La mayoría se concentra en el rango más bajo del recorte.
El 44% calcula una reducción de entre 1 y 1.5 puntos porcentuales, mientras que 19% la ubica entre 1.5 y 2 puntos y 12%, en dos puntos o más.
En el otro extremo, 21% estima un impacto de entre 0.5 y 1 punto y solo 2%, uno menor a 0.5 puntos.
El clima desplaza al crimen como principal riesgo
Esa mayor probabilidad de un FEN extraordinario también cambió la lectura de los riesgos.
Los riesgos climáticos (78%) alcanzaron su nivel más alto y superaron por primera vez a la inseguridad ciudadana y la expansión del crimen organizado (66%).
Esta última retrocede tras el récord de setiembre, cuando llegó a 78%.
Más atrás figuran la incertidumbre global (18%), el menor ritmo de crecimiento económico (12%), que marca su mayor nivel en lo que va del año, y el deterioro de las finanzas públicas (12%).
La inestabilidad política (9%) baja por quinto mes consecutivo.
Lo que faltó en la delegación de facultades
El Congreso aprobó delegar facultades legislativas al Ejecutivo solo en seguridad ciudadana y prevención ante el FEN.
Para 59% de los economistas, también debió incluirse la reducción de trámites y barreras burocráticas para destrabar la inversión.
Le siguen la mejora de los servicios públicos mediante la modernización del Estado y del servicio civil (45%) y la promoción del empleo, la formalización y fiscalización laboral y el empleo juvenil (38%).
Después aparecen el crecimiento y la formalización de las mypes (28%) y la simplificación del régimen tributario junto con la facilitación del comercio exterior (24%).
Solo 19% considera que no debió sumarse ninguna materia adicional.
Trazabilidad y fiscalización para una nueva Ley MAPE
El proceso de formalización minera vence a fines de 2026, y el Ministerio de Energía y Minas propuso una nueva Ley MAPE, orientada a la pequeña minería y la minería artesanal.
Para 66% de los economistas, esa norma debería incluir mecanismos efectivos de trazabilidad del mineral, desde su extracción hasta su comercialización, con énfasis en las plantas procesadoras.
En segundo lugar, 51% prioriza la fiscalización y la aplicación efectiva de sanciones a quienes incumplen los requisitos.
Además, 47% plantea exigir avances verificables y un plazo improrrogable para completar la formalización, y 42%, excluir a quienes operan en zonas donde la minería está prohibida.
Qué hacer con las concesiones que vencen
Entre 2026 y 2035 vencerán 38 contratos de concesión de infraestructura bajo la modalidad de asociaciones público-privadas (APP).
Según Proinversión, suman una inversión de US$5,800 millones.
Ante ello, 61% de los economistas considera que el Estado debería evaluar caso por caso si conviene ampliar o relicitar cada contrato, según los plazos, los beneficios económicos, la competencia y la continuidad del servicio.
Otro 23% prioriza nuevas licitaciones competitivas y 13%, ampliar los contratos vigentes mediante adendas condicionadas a nuevos compromisos de inversión y mejoras en el servicio.
Solo 2% plantea que el Estado asuma directamente la operación de la infraestructura.