El ingreso ilegal de ropa usada al Perú no sería un fenómeno aislado de comercio informal. Un estudio presentado por el Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) identifica una cadena transnacional vinculada con contrabando, fraude documentario, corrupción y otras actividades criminales.
La investigación identifica 11 eslabones, 32 actividades y 88 tareas dentro de esta cadena. También detecta 24 puntos en los que la ropa termina convertida en residuo, lo que añade un impacto ambiental al problema.
El OLCI plantea que el Estado refuerce el control de las fronteras y concentre sus esfuerzos en las organizaciones que financian, transportan y distribuyen la mercancía ilegal.
La propuesta incluye mejorar la inteligencia aduanera, utilizar herramientas digitales para identificar riesgos y fiscalizar también los canales de venta por internet.
Las mismas rutas pueden servir para otros delitos
El estudio advierte que las redes dedicadas al tráfico de ropa usada pueden compartir infraestructura y operadores con otras economías ilícitas.
Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, explicó durante la presentación del estudio que las organizaciones criminales no necesariamente utilizan rutas independientes para cada actividad ilegal.
Los mismos corredores logísticos pueden servir para trasladar ropa usada, mercurio, armas o drogas, según la oportunidad y capacidad de las redes.
Esta diversificación dificulta la identificación de las organizaciones detrás del comercio ilícito.
Por ello, el OLCI considera que la respuesta estatal no debería concentrarse únicamente en decomisar mercadería o sancionar a los vendedores finales.
Chile aparece como principal puerta de ingreso regional
La investigación señala que Chile es la principal puerta de entrada de ropa usada hacia Sudamérica y que parte de esos cargamentos termina ingresando ilegalmente al Perú por las fronteras con Chile y Bolivia.
El flujo comercial previo permite dimensionar el volumen del mercado. Según cifras del Banco Central de Chile citadas en el estudio, ese país importó US$143.3 millones en ropa usada durante 2023. Entre 2021 y 2023, sus importaciones promediaron 136,095 toneladas al año.
En el traslado hacia territorio peruano se identificaron diferentes modalidades. Entre ellas figuran camiones de carga, buses interprovinciales, vehículos particulares, pasos fronterizos no habilitados y el denominado tráfico hormiga. También se utilizan rutas lacustres por el lago Titicaca.
Una vez que la mercancía ingresa al país, la cadena continúa con el almacenamiento, clasificación y distribución.
Mayoristas y minoristas utilizan establecimientos físicos, redes sociales, plataformas digitales y servicios de encomiendas para colocar los productos en distintas regiones.
SNI pide cambiar el foco de la fiscalización
El OLCI propone que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial prioricen la identificación y desarticulación de las redes que financian y movilizan la mercancía, en lugar de concentrar la mayor parte de las acciones en pequeños comerciantes.
La propuesta también contempla reforzar la capacidad de la Aduana mediante sistemas de gestión de riesgos basados en inteligencia de datos y herramientas digitales.
A esto se suma una mayor fiscalización de los establecimientos que comercializan ropa usada. El gremio plantea que los gobiernos locales realicen controles permanentes y apliquen las medidas previstas en la legislación municipal, incluido el cierre de locales cuando corresponda.
La intendente nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, Marilú Llerena Aybar, destacó la necesidad de coordinar las acciones entre el Estado y el sector privado y reafirmó el compromiso de la Sunat para enfrentar el comercio ilícito.
El comercio digital amplía el alcance del mercado
Uno de los nuevos retos identificados por el estudio es la utilización de canales digitales para distribuir la ropa.
Las redes sociales, plataformas de comercio electrónico y servicios de encomienda permiten que la mercancía llegue a compradores fuera de los principales centros de comercialización.
Por ello, el OLCI plantea incorporar el comercio digital dentro de las acciones de fiscalización. El objetivo es identificar no solo los puntos donde se almacena la mercadería, sino también las redes que permiten su distribución y venta.
El gremio considera que el control fronterizo debe complementarse con inteligencia operativa y cooperación internacional, debido al carácter transnacional de la cadena.
Un problema que también termina en residuos
El estudio vincula el comercio ilegal de ropa usada con un problema ambiental. Los investigadores identificaron 24 puntos de la cadena en los que las prendas terminan convertidas en residuos.
Para el OLCI, esto significa que el combate al comercio ilícito y la gestión ambiental deben abordarse de manera conjunta.
La mercancía que ingresa ilegalmente no desaparece una vez vendida: una parte termina descartada y genera nuevos costos ambientales.
El presidente de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, Ricardo Gutiérrez Rojas, sostuvo que las políticas públicas deben partir de evidencia para identificar los principales puntos de la cadena y actuar sobre ellos.
La SNI también advierte que el problema tiene un impacto más amplio sobre la industria nacional.
Felipe James Callao, presidente del gremio, señaló que casi la mitad de las empresas industriales del país se ven afectadas por alguna modalidad de comercio ilícito y que el contrabando constituye una de las principales amenazas.
En ese escenario, el OLCI plantea que la respuesta no se limite a incrementar los decomisos.
Su propuesta apunta a utilizar inteligencia para identificar a los operadores detrás de la cadena, reforzar las fronteras, controlar los canales digitales y coordinar acciones entre Aduanas, Policía, Fiscalía, Poder Judicial y gobiernos locales.