Un estudio del gremio industrial revela que la reducción de ventas es el principal daño, mientras las empresas reclaman más fiscalización en el mercado interno y mayor control aduanero.
Casi la mitad de los empresarios industriales del Perú enfrenta alguna forma de comercio ilícito, y el contrabando encabeza esa lista.
Así lo concluye un estudio elaborado en marzo por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), aplicado a una muestra de empresarios a nivel nacional en sectores que van desde textil y confecciones hasta farmacéutico, metalmecánica y alimentos.
Según el informe, el 42% de las empresas industriales reporta haber sido afectado por el contrabando. Le siguen la subvaluación (35%), la falsificación y adulteración de productos (26%) y la piratería (18%). En conjunto, el 48% de los encuestados indicó verse perjudicado por al menos una de estas modalidades.
Las ventas, la primera víctima
El efecto más extendido es la caída en los ingresos: el 74% de los empresarios identificó la reducción de ventas como la principal consecuencia del comercio ilícito. A esa pérdida se suman la presión a la baja en precios (40%), la pérdida de clientes (35%) y la reducción de márgenes (32%).
La combinación de estos factores configura un escenario en el que las empresas formales compiten en desventaja frente a productos que ingresan al mercado evadiendo aranceles, impuestos o controles de calidad.
Empresas actúan, pero el Estado queda corto
Ante la presión del mercado ilícito, las empresas han reaccionado por cuenta propia. El 22% optó por diferenciar sus productos o servicios; el 18% presentó denuncias ante las autoridades; el 16% buscó nuevos mercados; y el 13% redujo precios para competir.
Sin embargo, la percepción sobre la respuesta del Estado es contundente: el 76% de los industriales considera que las medidas actuales son insuficientes. Solo el 2% las califica como adecuadas.
Frente a esa evaluación, los empresarios plantean como prioridades una mayor fiscalización en el mercado interno (44%) y un mayor control aduanero (42%). El 33% pide fortalecer específicamente la lucha contra el contrabando y el 24% señala la necesidad de promover una cultura de formalidad.
El estudio fue aplicado a empresarios de sectores como metalmecánica, químicos, plásticos y caucho, textil y confecciones, alimentos, pesca, bebidas, farmacéutico, papel e impresión, entre otros.