La reducción de aranceles ha sido una de las principales herramientas para facilitar el comercio internacional. Sin embargo, una mayor presión sancionadora en los sistemas aduaneros podría estar generando un efecto contrario: elevar el costo de importar mediante multas y mayores exigencias de cumplimiento.
La advertencia la plantea Óscar Vásquez, presidente del Gremio de Comercio Exterior, quien señala que la disminución de los aranceles no necesariamente significa que las empresas enfrenten menores costos para operar en el comercio exterior.
El problema aparece cuando la autoridad aduanera intensifica la fiscalización y aplica sanciones por infracciones formales, documentarias o procedimentales.
En ese escenario, parte del costo que antes podía asociarse a los aranceles se traslada a contingencias administrativas.
Menos aranceles, pero más costos por sanciones
Los aranceles son un costo relativamente previsible para una empresa que importa. Las multas, en cambio, pueden depender de una fiscalización posterior, de la interpretación de las normas y de los criterios utilizados por la administración.
Según Vásquez, esta situación abre la posibilidad de una especie de “compensación fiscal indirecta”: mientras disminuyen los ingresos provenientes de los aranceles, la recaudación podría verse reforzada mediante una mayor fiscalización y sanción de infracciones aduaneras.
El punto no es cuestionar la existencia de sanciones. Estas cumplen una función disuasoria y buscan que las empresas cumplan las reglas.
El riesgo aparece cuando las multas dejan de tener un carácter excepcional y se convierten en un componente recurrente del costo de operar.
En la práctica, una sanción puede elevar el costo total de una importación, afectar el precio de los productos y terminar trasladándose al consumidor.
Además, las empresas deben destinar más recursos a asesoría legal, gestión documental, controles internos y prevención de contingencias. Esto incrementa los costos de transacción del comercio internacional.
El impacto sería mayor para las pequeñas empresas
El efecto tampoco sería igual para todos los operadores. Las grandes compañías suelen contar con equipos especializados para gestionar sus obligaciones aduaneras y enfrentar eventuales controversias.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, en cambio, tienen menos capacidad para absorber estos costos.
Una mayor complejidad normativa y el riesgo de recibir multas pueden convertirse en una barrera adicional para aquellas que buscan ingresar al comercio exterior.
Esto puede terminar afectando la competencia. Si importar se vuelve más costoso y riesgoso, algunas empresas pueden postergar operaciones, reducir su participación en mercados internacionales o trasladar los mayores costos a sus precios.
La tensión entre recaudar y facilitar el comercio
La discusión también involucra el papel que debe cumplir la administración aduanera. Su función no se limita al control y la recaudación. También debe facilitar el flujo de mercancías y garantizar procedimientos previsibles para los operadores.
El problema surge cuando los incentivos institucionales terminan privilegiando la generación de ingresos mediante sanciones por encima de la facilitación.
La combinación de normas complejas, criterios interpretativos y una fiscalización intensa puede aumentar la incertidumbre para las empresas.
En ese escenario, el riesgo regulatorio pasa a ser un factor adicional que deben considerar al momento de importar o planificar sus operaciones.
¿Qué dice la OMC sobre las sanciones?
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) busca reducir los costos administrativos, agilizar los despachos y mejorar la transparencia y previsibilidad de los procedimientos aduaneros.
El acuerdo no elimina la posibilidad de aplicar sanciones. Sin embargo, plantea que estas deben responder a criterios de proporcionalidad y transparencia y no convertirse en obstáculos innecesarios al comercio.
Desde esta perspectiva, una utilización intensiva de las multas como fuente indirecta de recaudación podría entrar en tensión con el objetivo de facilitar el comercio.
El riesgo es que se produzca una situación de “liberalización nominal con restricción efectiva”: los aranceles bajan y el comercio parece más abierto, pero las empresas enfrentan mayores costos por cumplimiento, fiscalización y contingencias.
Para el comercio exterior, esto puede traducirse en mayores costos logísticos y regulatorios, decisiones de inversión más cautelosas y una planificación menos previsible de las cadenas de suministro.
La discusión, por tanto, no pasa por eliminar las sanciones aduaneras. El reto está en asegurar que cumplan su función de corregir y disuadir infracciones sin convertirse en una carga estructural que termine encareciendo el comercio formal.