Sectores

Repsol: dictan 18 meses de impedimento de salida del país contra 4 directivos

La tesis fiscal se basa en que los funcionarios tenían conocimiento del derrame de los más de 6 mil barriles de petróleo e incumplieron sus responsabilidades funcionales, ocasionando que el vertimiento se desplazara.
Por Maria Claudia Zapata
2 minutos
Repsol

El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla ha dictado un impedimento de salida del Perú de 18 meses para el gerente general de la Refinería La Pampilla (Repsol), Jaime Fernández-Cuesta.

Tampoco podrán salir del país durante dicho periodo Renzo Alejandro Tejada, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gisela Cecilia Posadas, gerente de Calidad de Medio Ambiente; y José Gregorio Reyes, gerente de Producción.

Ariel Tapia Gómez, representante de este despacho fiscal, sostuvo que se encontró una presunta responsabilidad por delito de contaminación ambiental tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero.

LEER TAMBIÉN: Repsol: evaluarán impedimento de salida del país a gerente general de La Pampilla y tres ejecutivos

Según el diario Gestión, la tesis fiscal se basa en que los funcionarios tenían conocimiento del derrame de los más de 6 mil barriles de petróleo e incumplieron sus responsabilidades funcionales, ocasionando que el vertimiento se desplazara.

Algunas de las áreas más afectadas habrían sido las ubicadas entre Ventanilla (Callao) y Chancay (Huara), según información del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Además, se detectó una alta contaminación en los Islotes de Pescadores y las Zona Reservada de Ancón.

Otros implicados

Cabe resaltar que el Ministerio Público ampliaría la investigación para incluir a funcionarios de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Los miembros de dichas instituciones no habrían cumplido con su labor de fiscalización administrativa, omitiendo las tareas de verificación y control de cumplimiento de los planes de contingencia.