El gobierno de Keiko Fujimori pidió al Congreso, el 29 de julio, facultades legislativas por 120 días calendario para derogar la Ley 31143, la norma que desde 2021 obliga al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a fijar topes a las tasas de interés del sistema financiero. La medida figura en el literal j) del artículo 2.5 del proyecto de ley, presentado un día después de que la mandataria asumiera el cargo, dentro de un paquete más amplio de reformas económicas que también toca el régimen laboral, el régimen tributario de las mypes y la simplificación de trámites.
La propuesta retoma un diagnóstico que el propio BCRP viene sosteniendo desde hace cinco años: los topes a las tasas de interés generan efectos nocivos en la inclusión financiera y en la eficiencia del sistema financiero.
En su Reporte de Estabilidad Financiera de mayo de 2021, la entidad calificó estas medidas como «controles de precios que promueven el crédito informal y excluyen a un gran número de personas y empresas del sistema financiero».
Ese respaldo técnico del BCRP no es nuevo en el debate político. En plena campaña electoral, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) ya había citado al ente emisor para rechazar, en un comunicado del 25 de marzo, las propuestas de algunos candidatos presidenciales que planteaban topes adicionales a las tasas de interés.
Según el gremio, esas iniciativas «pasan por alto» que debilitar el crédito formal tiene consecuencias directas sobre la seguridad ciudadana y la inclusión financiera.
¿Por qué el BCRP considera dañinos los topes?
El banco central explicó que los deudores de menores ingresos, al quedar fuera del sistema formal, quedan expuestos al crédito informal, caracterizado por plazos cortos, tasas de interés altísimas y mecanismos de cobranza que pueden ser ilegales.
Además, los topes eliminan la posibilidad de que sectores sin historial crediticio se incorporen gradualmente al sistema financiero, un proceso en el que la tasa de interés promedio de un nuevo deudor se reduce a la mitad luego de dos años de historial construido.
El reporte cita experiencia internacional para sustentar su posición. En Chile, un estudio de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) de 2017 estimó que, al tercer año de aplicado el tope, entre 151,000 y 227,000 clientes habrían perdido acceso al crédito formal.
Un trabajo de Madeira (2019) encontró que la reducción de la tasa máxima legal restringió en 9.7% el número de deudores con nuevos créditos hacia fines de 2015, unos 197,000 clientes potenciales.
En Japón, según Maimbo & Henriquez (2014), los controles a las tasas también restringieron el crédito formal e incrementaron el crédito informal.
El caso peruano: cuánto crédito quedaría excluido
El Congreso aprobó el 30 de diciembre de 2020 la Ley 31143, «Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros», que encargó al BCRP fijar topes a las tasas de interés.
La entidad estableció la metodología y, desde el 10 de mayo de 2021, entró en vigencia una tasa máxima equivalente a dos veces la tasa de interés promedio de los créditos de consumo del sistema financiero.
Para el periodo mayo-octubre de 2021, ese límite ascendió a 83.4% TEA en moneda nacional.
Con esa distribución de tasas, el BCRP estimó que podría quedar excluido cerca de 24.7% del número de créditos de consumo y MYPE del sistema financiero, equivalente a 11.05 millones de operaciones, concentradas sobre todo en entidades especializadas en consumo y microfinanzas.
El impacto se concentraba en las financieras (52.1% de sus créditos excluidos), los bancos especializados (42.4%) y las edpymes (41.7%), frente a porcentajes mucho menores en la banca grande (11.3%) y mediana (3.8%).
El segmento más afectado fue el de créditos de consumo menores a una UIT (S/ 4,400), que concentró más del 75% de las operaciones excluidas.
El BCRP explicó que el tamaño promedio de los créditos con tasas superiores al límite era de solo S/ 1,108, y que el 90% de esa tasa reflejaba costos operativos, riesgo crediticio y costo de fondeo, no ganancias extraordinarias.
A marzo de 2021, cerca del 25% de los créditos de consumo y MYPE otorgados por el sistema financiero superaba el tope de 83.4% (30% en consumo y 16.4% en microempresa).
El pulso legislativo por la ley antiusura
La Ley 31143 no ha estado exenta de disputas en el Congreso. En marzo de 2025, el Pleno aprobó en segunda votación derogarla, pero tras detectarse irregularidades en el conteo, la votación se repitió en junio de ese año y la derogatoria fue rechazada, por lo que el esquema de topes se mantiene vigente.
Para el semestre mayo-octubre de 2026, la tasa máxima fijada por el BCRP es de 114.13% TEA en moneda nacional.
¿Qué plantea el pedido de facultades de Keiko Fujimori?
El proyecto presentado por el Ejecutivo sería el tercer intento de eliminar la Ley 31143 desde su promulgación en 2020, y el primero impulsado directamente por el Poder Ejecutivo y no por el Congreso.
De aprobarse las facultades, el gobierno podría emitir un decreto legislativo para, en palabras del propio proyecto, «derogar la ley 31143 sobre topes a las tasas de interés y establecer un marco normativo que perfeccione el acceso a información financiera y la transparencia en la contratación de productos activos por parte de los clientes con las entidades del sistema financiero».
La medida está incluida en el literal j) del artículo 2.5 de la iniciativa, dedicado al «desarrollo productivo e innovación».
El paquete financiero contempla además otras medidas: facilitar la oferta de nuevos productos financieros y de seguros, ampliar la inclusión financiera y permitir que menores de 12 años abran y mantengan cuentas de ahorro.
El proyecto de ley aún debe ser debatido y aprobado por el Congreso, que según el canciller Carlos Espá cuenta con el respaldo de la oposición.
La advertencia de Asbanc
En su comunicado más reciente, Asbanc recordó que «el BCRP ha advertido que medidas como los topes a las tasas de interés han excluido a más de 500,000 peruanos del sistema financiero» y remarcó que, cuando se cierran las opciones formales, «las personas quedan expuestas a alternativas informales y peligrosas».
El gremio vinculó esa exclusión con el crecimiento del ‘gota a gota’, un esquema que —según advirtió— está asociado a redes de extorsión, violencia y actividades criminales.
Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), encargado por Asbanc, sostiene que los préstamos de pago diario tipo ‘gota a gota’ pasaron de representar 22% del crédito informal total en 2022 a 35% en 2024, unas 212,000 familias.
Según ese estudio, 51% de los prestatarios de ‘gota a gota’ paga tasas superiores a 500% anual y 36% enfrenta tasas por encima de 1,000% anual.
Asbanc pidió a los candidatos presidenciales de las elecciones generales de 2026 sostener «un debate público responsable, basado en evidencia», y evitar «soluciones populistas» que, según el gremio, terminan perjudicando a quienes buscan financiamiento formal.
Las alternativas que propone el BCRP
En lugar de topes, el reporte de mayo de 2021 planteó tres mecanismos para reducir las tasas de interés sin restringir el acceso al crédito: potenciar la educación financiera de la población, mejorar el acceso a la información crediticia de los deudores mediante las centrales de riesgo, y promover la incorporación de nuevas tecnologías financieras, como el desarrollo del sector fintech, el ingreso de bancos digitales y la implementación del Open Banking.