El Perú no carece de dinero para crecer. Lo que le falta es la capacidad de ejecutar. Esa es, en síntesis, la alerta que lanzó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN): el país acumula una cartera de más de US$ 52,000 millones en proyectos de infraestructura listos para ponerse en marcha, pero que siguen paralizados por obstáculos que tienen nombre y apellido: burocracia y mala gestión pública.
Un potencial gigante atrapado en el papel
Según declaraciones de Carlos Pacheco Romaní, presidente de AFIN, recogidas por RPP, esa cifra millonaria no es solo un dato técnico: representa cerca de dos millones de empleos que podrían generarse si los proyectos se desbloquearan. Una oportunidad que el país está dejando escapar mes a mes.
El portafolio incluye iniciativas del Plan Nacional de Infraestructura, proyectos concesionados con inversiones aún pendientes y el portafolio activo de ProInversión, la agencia estatal encargada de atraer inversión privada al país.
El sector privado quiere invertir, pero el Estado no facilita el camino
Pacheco fue enfático en señalar que el problema no es la falta de interés del sector privado. Los inversionistas están dispuestos. Lo que los frena son las condiciones en las que deben operar dentro del aparato estatal peruano.
«Existe una total disposición del sector privado por seguir invirtiendo. Lo que necesitamos son condiciones y promoción, no trabas», afirmó el titular del gremio.
Para entender la magnitud del desafío, basta con un dato: el Perú cuenta actualmente con más de 2,200 unidades ejecutoras distribuidas en distintos niveles de gobierno. Eso significa que un inversionista que quiere construir una carretera, un gasoducto o una línea de transmisión eléctrica debe negociar permisos y autorizaciones con decenas de entidades distintas, muchas veces con criterios diferentes y procesos que no se comunican entre sí.
Fragmentación estatal: el nudo que nadie ha logrado desatar
La fragmentación institucional del Estado es, según AFIN, uno de los principales cuellos de botella. No se trata solo de trámites lentos, sino de una arquitectura pública que no fue diseñada para gestionar grandes proyectos de infraestructura de manera eficiente.
Esta realidad impacta directamente en la economía, que necesita con urgencia dinamizar su crecimiento a través de infraestructura moderna: puertos, carreteras, redes eléctricas y sistemas de saneamiento que conecten regiones y reduzcan brechas históricas.
¿Qué se necesita para desbloquear la inversión?
El mensaje de AFIN apunta en una dirección clara: simplificación, coordinación y voluntad política. No se requieren nuevos fondos ni reformas constitucionales, sino una gestión pública que realmente facilite la ejecución de lo que ya está planificado.
- Reducir la cantidad de entidades que intervienen en la aprobación de proyectos.
- Establecer ventanillas únicas para inversionistas en infraestructura.
- Mejorar la coordinación entre el gobierno central, regional y local.
- Fortalecer las capacidades técnicas de las unidades ejecutoras.
El reloj sigue corriendo. Cada mes que pasa sin ejecutar estos proyectos es un mes de empleos no creados, regiones no conectadas y oportunidades que otros países de la región están aprovechando. Perú tiene el dinero sobre la mesa. Solo necesita aprender a tomarlo.