Los hogares del norte del país pagan 22% más por el gas natural que los de Lima y Callao. Además, los comercios y pequeñas industrias del sur pagan hasta 2.6 veces más.
Así lo reveló el Instituto Peruano de Economía (IPE) en el estudio «Medidas para impulsar la competitividad a partir del uso eficiente de la matriz energética», encargado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) y presentado este martes 25 de agosto en un webinar.
Una masificación que no despega fuera de Lima
El 94% de la demanda nacional de gas natural se concentra en Lima y Callao. Ahí, la presencia de grandes consumidores, como las generadoras eléctricas, permite repartir los costos de infraestructura entre un mayor volumen de consumo.
Fuera de la capital, en cambio, la menor demanda y la dispersión urbana impiden alcanzar esa escala, lo que encarece el servicio.
A esto se suma, además, el rezago en la red de transporte: el Perú tiene 1,558 km de ductos de gas natural, una extensión cinco veces menor que la de Colombia y diez veces menor que la de Argentina.
Solo Lima, Callao e Ica están conectadas directamente a esta red. En las concesiones Norte y Sur, por el contrario, el gas llega en camiones cisterna, un proceso que suma etapas de licuefacción y regasificación y, por lo tanto, eleva los costos.
Como resultado, esta brecha de precios frena la expansión del servicio: en 2025, el 57% de los hogares urbanos con acceso a electricidad en Lima y Callao contaba también con conexión a gas natural, frente a 44% en Ica, 16% en el Norte y solo 2% en el Sur, concesión operada por Petroperú.
La exploración de hidrocarburos se estancó tras Camisea
Desde el desarrollo de Camisea no se han concretado nuevos proyectos gasíferos de gran escala. De hecho, la inversión en exploración de hidrocarburos cayó 94% en la última década frente a la anterior, y desde 2021 solo se realizaron tres perforaciones exploratorias.
Por eso, las reservas probadas acumulan nueve años consecutivos de caída y, de mantenerse el ritmo actual de consumo sin nuevas inversiones, alcanzarían para unos 14 años de producción.
Sin embargo, el IPE señala que poner en valor los recursos contingentes 1C del Lote 58 podría extender ese horizonte a aproximadamente 22 años.
Cuatro propuestas para destrabar el sector
Frente a este panorama, el IPE planteó cuatro líneas de acción. La primera es una igualación tarifaria temporal para todos los usuarios regulados, financiada con recargos a las tarifas de transporte de Lima y Callao —sin afectar los recursos del FISE— y acompañada de nuevos centros de demanda fuera de la capital que, así, hagan viable la construcción de gasoductos.
Las otras tres propuestas, en tanto, apuntan a reducir la discrecionalidad municipal y fortalecer los catastros urbanos para ampliar las redes de distribución; reactivar la inversión en exploración con un entorno contractual, fiscal y social más favorable; y fortalecer el sistema eléctrico, con la disponibilidad de gas para el Nodo Energético del Sur y mayor inversión en almacenamiento y transmisión.
En el evento, la directora ejecutiva de la SPH, Patricia Figueroa, señaló que atraer inversión en el sector requiere seguridad jurídica y que las municipalidades estandaricen sus procedimientos.
Por su parte, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, reconoció que la ubicación de las reservas de gas plantea retos por su cercanía a áreas naturales y comunidades indígenas.
No obstante, sostuvo que la experiencia de Camisea demuestra que es posible aprovechar ese potencial de forma sostenible.
Finalmente, el expositor Erick García, exdirector general del Ministerio de Energía y Minas, resaltó el rol del gas natural en dar confiabilidad y flexibilidad al sistema eléctrico, así como su potencial para el desarrollo de la petroquímica.
En ese sentido, los panelistas coincidieron en la necesidad de reforzar la rectoría del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en la planificación energética, para lo cual García planteó actualizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos.