Las empresas asiáticas anunciaron US$ 94,000 millones en inversión extranjera directa (IED) hacia América Latina entre 2020 y 2025, a los que se suman US$ 62,000 millones en contratos de ingeniería, procura y construcción (EPC), según un estudio de la consultora Marsh.
El análisis proyecta además una aceleración de entre 35% y 40% en el flujo de estos capitales durante el periodo 2025-2026, impulsada principalmente por firmas de China, aunque también de Japón, Tailandia e Indonesia, con foco en Perú, Brasil y Chile como mercados receptores.

Perú aparece como uno de los casos más visibles de esta tendencia a través del puerto de Chancay, uno de los proyectos de infraestructura de transporte que Marsh cita como ejemplo del tipo de inversión que las compañías asiáticas están canalizando hacia la región. Los desembolsos se concentran, además, en energía, minería de cobre y hierro, explotación de litio, redes de distribución eléctrica y manufactura automotriz.

Marsh vincula este flujo de capitales con la transición energética global y la demanda creciente de minerales críticos como el litio y el cobre, insumos clave para la economía verde y para las cadenas de suministro de vehículos eléctricos.
El estudio señala también que la pandemia de covid-19 aceleró una redefinición de rutas logísticas y comerciales que favoreció la llegada de estas inversiones, junto con la suscripción de tratados de libre comercio entre países latinoamericanos y economías asiáticas.
Riesgos regulatorios y de gobernanza
Pese al volumen de capitales, la consultora advierte que las empresas asiáticas —muchas de ellas estatales chinas con estructuras de gobernanza complejas— enfrentan retos para consolidarse en la región, donde los marcos regulatorios, los esquemas de seguros y las prácticas comerciales difieren de los de su país de origen.
Marsh identifica cuatro focos de riesgo: la fragmentación regulatoria y el cumplimiento normativo (compliance) entre jurisdicciones; la desconexión entre la gobernanza corporativa de la matriz y los riesgos que enfrenta cada subsidiaria local; la complejidad de la cadena de suministro global, cuya interrupción puede afectar de forma directa los proyectos en la región; y las barreras culturales y comunicativas, derivadas de diferencias en los estilos de decisión corporativa y en los plazos de ejecución.