El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aseguró que el Poder Ejecutivo evalúa otorgar un financiamiento “estrictamente acotado y condicionado” a la petrolera estatal Petroperú para evitar un desabastecimiento crítico en el mercado de combustibles.
La medida representa un nuevo préstamo con aval del Estado bajo el amparo del Decreto de Urgencia 010-2025.
“Este apoyo no constituye un salvataje irrestricto, sino una medida excepcional de reestructuración para cubrir necesidades críticas de operación, bajo controles de caja rigurosos, supervisión permanente y metas verificables de desempeño”, indicó Arroyo durante su intervención parlamentaria.
El premier agregó que el Estado “no puede ni debe asumir indefinidamente los costos de una gestión insostenible” y reafirmó que Petroperú no se privatizará.
Crisis en la refinería de Talara
Actualmente, la refinería de Talara opera solo al 60% de su capacidad por falta de liquidez, lo que impide aprovechar el margen internacional de refinamiento, el cuál llegó a 50 dólares por barril en el mundo.
La planta tiene capacidad para procesar 95,000 barriles diarios, pero opera entre 55,000 y 60,000 barriles por la escasez de fondos.
Umbral de insolvencia
El respaldo financiero se produce en un contexto crítico. Petroperú está cerca del umbral legal de insolvencia, con un ratio patrimonial del 55%.
Según la Ley General de Sociedades, si la empresa alcanza el 67% de capital en pérdida, se declara en situación de insolvencia, lo que obligaría a una intervención o liquidación.
El sindicato administrativo STAPP advierte que más endeudamiento solo posterga el problema de fondo y sostiene que la empresa necesita un rescate directo de capital.
Historial de rescates
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a múltiples salvatajes. El 17 de marzo de 2026, se otorgó un rescate de S/500 millones para la compra de insumos y el pago de servicios urgentes.
El nuevo paquete, que podría alcanzar los $2,000 millones, permitiría reducir el ratio patrimonial cerca del 40% y alejar el riesgo de quiebra.
La refinería de Talara, la mayor inversión industrial de la estatal, será el primer activo en ser entregado al sector privado en junio, bajo una fórmula de asociación público-privada o gerencia privada, anunció ProInversión.
Plan de reestructuración
Mientras se espera que ProInversión tenga listo para junio o julio el plan con los primeros activos a ser escindidos, el Tribunal Constitucional avanza con la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 010-2025, presentada por la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría sostiene que el decreto es inconstitucional porque introduce una reforma estructural permanente en una empresa estratégica, excediendo las facultades del Ejecutivo y sin condiciones extraordinarias que lo justifiquen.
El TC invitó a cuatro reconocidos expertos en hidrocarburos, entre ellos el exministro Pedro Francke y el expresidente de Petroperú Humberto Campodónico, para que actúen como amicus curiae en el proceso.