El Ejecutivo impulsa una reforma del servicio civil que incluiría incentivos económicos para que trabajadores del Estado opten por dejar voluntariamente sus cargos.
La medida forma parte del borrador del proyecto de ley de delegación de facultades que el Gobierno presentará al Congreso y no autoriza el despido de servidores con estabilidad laboral.
La propuesta integra el eje de reforma, organización y modernización del Estado. Según el documento, el Congreso delegaría al Ejecutivo la facultad de crear un programa de retiro voluntario para servidores públicos con el objetivo de reorganizar la planilla estatal, eliminar duplicidades de funciones y mejorar la sostenibilidad del gasto en personal.
El texto señala que los incentivos tendrán carácter estrictamente voluntario y que los trabajadores decidirán libremente si aceptan la propuesta.
Además, precisa que la delegación de facultades no autoriza el cese ni el despido de servidores que gozan de estabilidad laboral.
El monto aún no está definido
El borrador no crea el programa ni fija cuánto recibirán los trabajadores que opten por el retiro voluntario. En cambio, delega al Poder Ejecutivo la facultad de definir ese mecanismo mediante un decreto legislativo.
El documento solo establece que el Ejecutivo calculará el incentivo económico tomando como referencia la protección reconocida en el régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 728.
El abogado laboralista Willman Meléndez explicó en una entrevista a RPP que, en ese régimen, la indemnización por despido para trabajadores con contrato a plazo indeterminado equivale, por lo general, a una remuneración y media por cada año de servicios, con un límite de 12 remuneraciones.
Sin embargo, el especialista aclaró que el Estado no busca crear un esquema de despidos con indemnización. En cambio, tomará como referencia el Decreto Legislativo 728 para calcular el incentivo que ofrecería a quienes acepten una salida negociada.
El carácter voluntario será el principal reto
Para Meléndez, el principal desafío de la propuesta consiste en garantizar que los trabajadores tomen una decisión completamente libre.
El especialista advirtió que la futura norma deberá impedir que las entidades públicas conviertan un retiro voluntario en un despido encubierto mediante presiones o negociaciones desiguales.
También recordó que, durante la década de 1990, el Estado ejecutó procesos de extinción masiva de relaciones laborales que posteriormente los tribunales cuestionaron porque algunos trabajadores no tuvieron tiempo suficiente para evaluar las propuestas o recibir asesoría antes de aceptar su salida.
¿A quiénes alcanzaría la medida?
El borrador utiliza el término «servidores», pero no precisa qué regímenes laborales incluirá.
Actualmente, el Estado emplea trabajadores bajo los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728, el régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) y la Ley del Servicio Civil (Ley 30057).
Aunque la exposición de motivos identifica la coexistencia de estos sistemas como uno de los problemas que busca resolver, no define qué trabajadores podrán acceder al incentivo económico. Si el Congreso aprueba la delegación de facultades, el Ejecutivo definirá ese alcance mediante un decreto legislativo.
Desde una perspectiva práctica, Meléndez consideró que la medida tendría mayor sentido para trabajadores nombrados o con contrato a plazo indeterminado, ya que en los contratos temporales la relación laboral concluye cuando vence el plazo pactado.
Asimismo, señaló que el proyecto aún plantea lineamientos generales y que el decreto legislativo definirá el alcance definitivo del programa.
Reforma busca unificar el servicio civil
Además del retiro voluntario, la propuesta busca ordenar los distintos regímenes laborales que actualmente conviven en el sector público.
La exposición de motivos sostiene que la existencia de normas diferentes ha generado una planilla pública heterogénea, ya que trabajadores que realizan funciones similares reciben remuneraciones, beneficios y niveles de protección distintos.
Aunque el documento no señala expresamente a qué régimen laboral buscará converger, Meléndez recordó que el Estado creó la Ley del Servicio Civil para convertirla en el régimen general del empleo público.
En su opinión, la reforma debería acelerar la implementación de ese sistema en lugar de crear uno nuevo, porque ya incorpora criterios de meritocracia, orden presupuestal y sostenibilidad fiscal.