A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, Roberto Sánchez presentó un nuevo plan de gobierno que modifica varios de los planteamientos económicos y políticos que Juntos por el Perú registró originalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El documento busca ampliar apoyos electorales y transmitir señales de estabilidad a inversionistas, empresarios y sectores moderados del electorado.
La nueva propuesta, denominada Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo con Equidad 2026-2031, fue elaborada junto a agrupaciones aliadas como Ahora Nación, Primero la Gente, Cívico Obras y Venceremos. Según el equipo de campaña, el documento responde a un proceso de consenso político de cara a un eventual gobierno de coalición.
¿Por qué cambió el plan de gobierno?
El principal motivo detrás de los cambios sería la necesidad de captar el voto de los sectores indecisos y reducir la incertidumbre generada por algunas propuestas planteadas durante la primera vuelta, como la revisión de tratados internacionales, una mayor intervención estatal en sectores estratégicos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente como eje central de gobierno.
En el programa presentado esta semana, Sánchez mantiene algunas banderas históricas de la izquierda, pero introduce compromisos más explícitos con la estabilidad económica, la propiedad privada, la autonomía del Banco Central de Reserva y el respeto de los contratos vigentes.
Durante la presentación del nuevo documento, representantes del equipo técnico señalaron que la propuesta busca construir consensos y garantizar gobernabilidad en un contexto político fragmentado. En esa línea, el exministro de Salud y vocero del equipo técnico, Hernando Cevallos, afirmó: «No veo ninguna intención de Juntos por el Perú de salir a estatizar», en referencia a los cuestionamientos surgidos desde sectores empresariales y políticos.
Los cambios
Uno de los cambios más notorios aparece en el capítulo económico. Mientras el plan original proponía revisar tratados comerciales y ampliar el rol del Estado en actividades estratégicas, el nuevo documento prioriza metas vinculadas a la industrialización, el fortalecimiento de las mypes, la generación de empleo y el incremento del valor agregado de las exportaciones.
Entre los objetivos planteados figura elevar la inversión en investigación y desarrollo, reducir la informalidad laboral y promover complejos industriales descentralizados. También desaparecen propuestas que habían generado debate en la primera etapa electoral, como la renegociación de tratados de libre comercio.
Debate sobre la validez del nuevo documento
El cambio de plan de gobierno ha generado cuestionamientos debido a que el documento oficial inscrito ante el JNE no puede modificarse una vez vencido el plazo de inscripción. Diversos analistas y organizaciones han advertido diferencias entre el plan registrado y las nuevas propuestas difundidas durante la campaña de segunda vuelta.
El equipo de Juntos por el Perú sostiene que las modificaciones responden a la construcción de consensos para una eventual gestión de gobierno.
En declaraciones a RPP, Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Roberto Sánchez, afirmó que el nuevo documento «responde a una búsqueda de consensos» y fue elaborado para ampliar la base política obtenida en primera vuelta y garantizar gobernabilidad. Además, aseguró que el plan no fue improvisado, sino resultado de un proceso de diálogo con distintos sectores políticos y sociales.
Más allá de la controversia, el giro programático refleja un intento de acercarse a sectores económicos que observaban con cautela las propuestas iniciales de Juntos por el Perú. La discusión sobre cuál de los dos documentos representará realmente una eventual gestión de gobierno se mantiene abierta a pocos días de la votación del 7 de junio.