Solo el 11.3% de los estudiantes de quinto de secundaria alcanzó el nivel satisfactorio en Lectura y el 12.8% en Matemática, según los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes (ENLA) 2025, aplicada por el Minedu a cerca de 250 mil escolares de colegios públicos y privados y difundidos en mayo de 2026. Fue la primera vez que la evaluación incluyó a este grado.
En la práctica, nueve de cada diez jóvenes terminan la educación básica sin consolidar las competencias mínimas para continuar estudios superiores o insertarse en empleos calificados.
En cuarto de primaria, el nivel satisfactorio en comprensión lectora llegó a 32.7%, una cifra que se mantiene prácticamente congelada desde hace varios años. El mapa de resultados repite el patrón regional habitual: Moquegua, Tacna y Arequipa lideran el ranking nacional, mientras Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios no logran que ni dos de cada diez estudiantes alcancen el nivel esperado en Lectura.
La desigualdad regional detrás del promedio nacional
El Índice de Vulnerabilidad Educativa del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) sitúa el promedio nacional en 30.9 puntos, con Loreto (44.2) y Ucayali (40.7) prácticamente duplicando esa cifra, seguidas por Pasco, San Martín y Huánuco. El propio Ceplan ha identificado que más del 70% de los colegios públicos del país carecen de acceso simultáneo a agua potable, desagüe y electricidad, carencia concentrada en los Andes rurales y la Amazonía.
Un informe de GRADE sobre interrupción escolar en el Perú describe el abandono como un fenómeno multicausal: presiones económicas que priorizan el trabajo infantil sobre la escuela, embarazo adolescente y tareas de cuidado familiar en el caso de las adolescentes, y factores propiamente escolares como la repetición de grado y la baja calidad educativa.
El costo económico del abandono escolar
El vínculo entre educación y productividad está documentado: según estimaciones del Banco Mundial, cada año de escolaridad perdido reduce el ingreso de una persona entre 8% y 10% a lo largo de su vida, una pérdida que, multiplicada por cientos de miles de estudiantes, frena el crecimiento potencial de las regiones más golpeadas.
En mayo de 2026, el Banco Mundial presentó el Índice de Capital Humano ampliado (HCI+), que mide cómo la salud, la educación y el empleo determinan la productividad futura de un país. El Perú aparece entre los países que logran resultados de capital humano por encima de lo que su nivel de ingreso haría esperar, junto a Ruanda, Kenia y Vietnam.
Pero el propio organismo advierte que, en los países de ingreso bajo y mediano, los déficits de nutrición, educación y empleo siguen restando a los trabajadores más de la mitad de sus ingresos potenciales a lo largo de la vida.
A nivel agregado, estudios del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) han señalado que la contribución del capital humano al crecimiento económico peruano ha sido poco significativa desde 2002, lo que sugiere que el motor de la economía se ha apoyado más en materias primas y consumo que en el potencial productivo de las personas.
La respuesta del Gobierno, bajo cuestionamiento
Frente a este panorama, el Gobierno dispuso para este año el pago del Bono de Escolaridad 2026, de S/ 400, dirigido a trabajadores públicos, policías, personal de salud y pensionistas con hijos en edad escolar. Se trata de un beneficio laboral anual y recurrente, no de un programa nuevo ni focalizado en los estudiantes con mayor riesgo de abandono, como los de Loreto, Ucayali o Huánuco.
El Banco Mundial ha identificado que los enfoques más efectivos para reducir la deserción combinan incentivos financieros para completar la educación con programas después del horario escolar y capacitación laboral vinculada a pasantías, y no transferencias monetarias aisladas. Especialistas plantean que el desafío de fondo para la política económica peruana es pasar de un enfoque de compensación a uno de retención: infraestructura básica, calidad docente y oportunidades reales de continuidad educativa.