El Ministerio Público anunció que se solicitará una segunda orden de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por delitos de corrupción y organización criminal, a raíz de los casos Petro-Perú, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes.
Al día de hoy, el expresidente ya cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso de rebelión y conspiración en torno al golpe de Estado del 07 de diciembre de 2022. La medida fue dictada por el juez Juan Carlos Checkley y luego confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín.
El viernes 17, el Congreso tomó una decisión a partir de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre: aprobó una acusación constitucional contra Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado por los mencionados casos.
El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación dispuso la formalización y continuación su investigación preparatoria contra ellos tres, después de haber sido notificada la decisión del Congreso. Es en esta etapa del caso en la que recién puede pedirse una prisión preventiva.
🚨|La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado; y presunto cómplice del delito de colusión simple. pic.twitter.com/BWBDUx8nzz
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 21, 2023
Este lunes, la disposición fiscal fue remitida a Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema. Así, se espera que en los próximos días el magistrado apruebe la formalización, requisito necesario para que el caso pueda seguir avanzando.
Imposición de medidas
La fiscalía también comunicó al juzgado que requerirá “la imposición de medidas coercitivas contra los investigados” en el documento de la formalización. De forma genérica, estas pueden ser desde una comparecencia con restricciones hasta una prisión preventiva, las cuales se “formularán mediante requerimiento aparte”.
La misma decisión ha sido tomada en cuanto al exministro Juan Silva, quien tiene una orden de detención preliminar vigente desde inicios de julio y está prófugo desde entonces. En el caso de Geiner Alvarado, quien ha venido colaborando con las investigaciones, aún se evalúa si se pedirá lo mismo o si se optará por libertad con restricciones.