El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló que el grave derrame de hidrocarburos ocurrido en Ventanilla (Lima) y que ha dañado el ecosistema marino, el balneario de Ancón y otras playas del litoral central del Perú, es un delito ambiental que no puede quedar impune.
La reparación ecológica con tecnologías limpias es una exigencia inmediata a Repsol, incluso debiera evaluarse la suspensión de su licencia, indica el titular del Mincetur.
En ese sentido, afirmó que existe una real afectación económica para aquellos que viven de manera directa e indirecta del turismo, en esa zona del país.
“Además del terrible daño a la fauna marina y silvestre, tenemos otro que es preocupante: la afectación de las familias que viven del turismo. Los bañistas permitían que negocios relacionados al turismo y la recreación generen ingreses económicos, los cuales ahora se han perdido”, aseveró.
Debido a ello, el titular del Mincetur mencionó que Repsol debe hacerse responsable e indemnizar al Estado peruano, las familias afectadas, los pescadores artesanales y los gobiernos locales. Como ciudadanos exhortamos los buenos oficios al Gobierno Español.
“La referida empresa posee una póliza de seguros que debe cubrir la responsabilidad civil por los daños causados. Exigimos una profunda investigación y sanción ejemplar para los responsables”, finalizó.