Más de 880 mil estudiantes de educación superior en el Perú enfrentan cada año el riesgo de abandonar sus aulas debido a limitaciones económicas, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) presentados por el Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES).
Frente a una cobertura pública actual de becas y créditos del Pronabec que beneficia a menos del 2.4% de la matrícula total, el estudio «Invertir en el Talento» señala que el país requiere una reforma en la arquitectura del financiamiento educativo.
Para cerrar esta brecha de manera sostenible, CAPPES propone la creación por ley de un Consejo de Créditos Educativos, un organismo autónomo encargado de administrar un fondo revolvente con aportes públicos y privados que dinamice el acceso a las aulas y disminuya considerablemente la deserción académica.
Fondos mixtos para el financiamiento
La principal apuesta institucional del informe, sustentada por Karina Morales y Andrea Salas, gerente general y gerente de proyectos de CAPPES, respectivamente, radica en la aprobación de un proyecto de ley que cree un organismo técnico especializado denominado Consejo de Créditos Educativos.
En entrevista exclusiva para Infomercado, Andrea Salas desarrolló su propuesta bandera, indicando que esta entidad autónoma se encargaría de definir las reglas de juego del sistema, regular los costos académicos de referencia para evitar distorsiones en las pensiones y fijar los topes de colocación crediticia.
Para garantizar la liquidez, el Consejo gestionaría un fondo revolvente de financiamiento mixto que recibiría recursos del Gobierno central, gobiernos regionales, sector privado, cooperación internacional y los propios pagos de los egresados, cuya administración fiduciaria podría recaer en entidades como Cofide.
La propuesta de CAPPES prioriza la distribución del riesgo entre tres actores clave: el Estado, las instituciones de educación superior y los propios estudiantes.
El modelo promueve esquemas de Crédito Contingente al Ingreso (CCI) y pagos adaptados a la progresión salarial de los graduados, incorporando mecanismos de flexibilidad como cuotas mínimas durante el periodo de estudios, periodos de gracia y la condonación focalizada únicamente para casos de vulnerabilidad.
Asimismo, para salvaguardar el valor patrimonial del fondo en el tiempo, las investigadoras plantean que la tasa de interés se encuentre indexada a la inflación y adecuada según el perfil de empleabilidad de las carreras profesionales.
Dos modelos de crédito y el aprendizaje de la región
El estudio diferencia la atención de la demanda educativa mediante dos modelos de crédito específicos. El primero se enfoca en el acceso y requiere la gobernanza centralizada del Consejo de Créditos Educativos para gestionar la incertidumbre de los postulantes, apoyándose en la información del desempeño en la educación básica.
El segundo modelo está dirigido a la permanencia en las aulas para estudiantes que cursan la segunda mitad de su carrera o programas de corta duración.
En este último esquema, las propias instituciones educativas asumen un rol protagónico en la colocación y monitoreo del crédito, aprovechando el menor margen de riesgo y la trayectoria académica ya registrada del alumno.
A diferencia de Perú, países de la región como Colombia (con esquemas vigentes desde 1950) y Chile (desde 1981) han consolidado sistemas de crédito educativo que no solo han elevado sus tasas de transición hacia la educación superior, sino que han permitido madurar modelos sostenibles mediante el aprendizaje continuo.
Para impulsar cambios favorables en nuestro país, CAPPES insta a impulsar en el corto plazo la conformación de mesas de trabajo con instituciones educativas privadas y públicas para estructurar la gestión de los créditos de permanencia, a la par que se promueve en el fuero legislativo el debate del proyecto de ley para la creación del Consejo de Créditos Educativos.
Hacia un sistema más inclusivo
En el Perú, el esquema estatal vigente registró apenas 780 beneficiarios activos en 2025 y acumula cerca de 4,000 créditos otorgados en el periodo 2012-2026. Esta estrecha cobertura frena el desarrollo del talento y la competitividad nacional al dejar a miles de jóvenes fuera del sistema formativo.
La evidencia de la ENAHO demuestra que solo el 37.8% de los jóvenes peruanos accede a la educación superior inmediatamente al egresar del colegio, una cifra distante de pares regionales como Colombia (45.9%) y Chile (50.5%). Para igualar la tasa de acceso chilena, el Perú necesitaría incorporar alrededor de 36,000 nuevos estudiantes cada año.
Construir un ecosistema de financiamiento amplio, inclusivo y sostenible no solo exige inyectar liquidez, sino también asegurar que los recursos se destinen a programas de alta calidad académica con verdadera salida laboral.
La sostenibilidad de un fondo revolvente depende directamente de la capacidad de pago de los egresados, un factor fuertemente condicionado por la alta informalidad del mercado laboral peruano. Por ello, la propuesta de CAPPES enfatiza que la reforma del crédito educativo debe ir de la mano con el fortalecimiento de la empleabilidad formal.