Piura cerró el 2025 con más de 105 mil personas adicionales en situación de pobreza respecto a los niveles registrados antes de la pandemia, pese a que la tasa cayó de 31.9% en 2024 a 28.1% en 2025, según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) elaborado por la economista sénior Stephani Maita.
La región se mantiene como la novena con mayor pobreza del país.
El avance es insuficiente. Aunque la economía regional creció 4.6% y el empleo formal asalariado avanzó 4.9% en 2025, la pobreza en Piura todavía supera en 3.9 puntos porcentuales el nivel prepandemia de 24.2% registrado en 2019.
La brecha refleja los efectos acumulados del COVID-19 y de una gestión pública que, según el IPE, ha mostrado debilidades en sostenibilidad fiscal, estabilidad institucional y generación de condiciones para la inversión privada.
La clase media retrocede
La recuperación de la clase media es incluso más precaria. En Piura, este grupo —conformado por hogares con ingresos superiores a S/4,265 mensuales para una familia de cuatro miembros— representó el 23.5% de la población regional en 2025, por debajo del 24.6% de 2024 y lejos del 27.9% de 2019.
En términos absolutos, más de 57 mil piuranos salieron de la clase media desde la prepandemia.
La pobreza extrema también se redujo en la región —de años anteriores al 3.0% en 2025— pero sigue por encima del 2.5% de 2019, lo que implica 17 mil personas más que no logran cubrir una canasta básica de alimentos (gasto mensual menor a S/242 por persona).
El rol del Ejecutivo en los resultados
Un análisis paralelo del IPE sobre el poder real del Ejecutivo advierte que, incluso sin mayoría congresal, el Gobierno central mantiene herramientas clave que inciden directamente en estos indicadores: la fijación del presupuesto, la política social, el mercado laboral y las condiciones para la inversión privada.
Sin embargo, el IPE documenta un deterioro en el ejercicio de estas capacidades. La alta rotación de ministros y funcionarios en entidades como EsSalud, Petroperú y Sunat ha debilitado la continuidad de políticas.
Las decisiones sobre tercerización, remuneración mínima y normativa sindical han generado mayor informalidad y costos laborales que afectan especialmente a micro y pequeñas empresas. Y los subsidios a combustibles —de alto costo y baja efectividad— han incrementado los riesgos fiscales sin resultados sociales equivalentes.
Un reto para Piura
El IPE señala que el reto para Piura no es solo reducir la pobreza, sino consolidar una recuperación que amplíe la clase media.
Para ello, identifica como indispensable reactivar la inversión privada, destrabar proyectos y generar empleo formal en las regiones.
A nivel nacional, 2.3 millones de peruanos siguen en pobreza por encima del nivel de 2019, con el agravante de que la pobreza se ha vuelto predominantemente urbana: en 2025, el 74.1% de los pobres vive en ciudades, frente al 56.7% de antes de la pandemia.