El 11 de junio de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó en El Peruano el Decreto Supremo N° 100-2026-EF y oficializó una operación de endeudamiento externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por hasta US$ 26 millones. Lo llamativo no es el monto, sino el momento.
Esa deuda no nació en 2026. Pertenecía al marco fiscal del año anterior, pero al cierre de 2025 todavía estaba en trámite. Una disposición legal le dio al Ejecutivo un plazo de excepción para aprobarla, que luego se extendió hasta el 30 de junio de 2026.
El decreto se firmó el 10 de junio y se publicó al día siguiente, a solo diecinueve días de que la ventana se cerrara definitivamente.
Con ese movimiento, el Gobierno rescató fondos que, de no haberse aprobado a tiempo, habrían quedado fuera del alcance legal.
Los recursos irán al proyecto MERCAGRO —ejecutado por AGRO RURAL, dependencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego— para construir y mejorar mercados de comercialización de productos agrícolas en ocho regiones: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Puno y Ucayali.
Los beneficiarios directos serán 75,332 productores de agricultura familiar en diez cadenas productivas, entre ellas papa, quinua, jengibre, aguacate y cacao.
¿A cuánto sale este dinero y por qué conviene igual?
El decreto no publica una tasa de interés fija. Establece que la deuda devengará la tasa variable que determine el propio FIDA más un margen adicional. Para saber cuánto costará realmente, hay que ir a los datos públicos del organismo.
Usando las cifras del primer trimestre de 2026, el cálculo funciona así: el FIDA toma como base la tasa de referencia internacional en dólares —conocida como SOFR, que entonces rondaba el 3.75% anual— y le agrega un diferencial propio de 72 puntos básicos (menos de un punto porcentual) más un margen por plazo y nivel de ingresos del país de entre 1.3% y 1.7%.
Sumando esos componentes, el costo total estimado del préstamo estaría cerca del 6% anual.
Ese número, a primera vista, podría parecer elevado para un crédito de un organismo multilateral. Pero hay que compararlo con la alternativa.
Cuando el Perú emite deuda directamente en los mercados internacionales, los inversionistas exigen una prima sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos —que en ese momento rendía 4.50% anual— más un recargo por el riesgo del país.
En junio de 2026, ese recargo, que el BCRP llama riesgo país, se ubicó en apenas 109 puntos básicos —algo más de un punto porcentual— gracias a la solidez macroeconómica del Perú.
Sumando ambas cifras, el financiamiento comercial en dólares le costaría al Estado peruano alrededor del 5.6% anual: prácticamente lo mismo que el crédito del FIDA.
Entonces, ¿por qué endeudarse con el FIDA si la tasa es casi igual a la del mercado? La respuesta está en la estructura de pago, no en el precio. El FIDA ofrece cinco años de gracia antes del primer desembolso y una amortización extendida en 25 cuotas semestrales —más de doce años de pagos—.
Esa combinación de tiempo y flexibilidad es difícil de conseguir en el mercado de bonos soberanos al mismo costo. En otras palabras, el beneficio de este préstamo no es que sea barato, sino que da tiempo para que el proyecto genere resultados antes de que empiece la factura.
¿Qué hace distinto a MERCAGRO de otros proyectos de inversión pública?
No se trata de riego tecnificado ni de crédito directo al productor. MERCAGRO apunta a un problema específico de la cadena agrícola peruana: la brecha entre lo que produce el agricultor y lo que finalmente llega al mercado.
Hoy, una parte considerable del ingreso que debería quedarse en manos del productor se pierde en intermediación, transporte informal y falta de infraestructura de acopio.
Al financiar mercados físicos de comercialización en las ocho regiones, el Estado busca reducir esos costos de transacción.
Si funciona, el productor de papa o quinua en Ayacucho o Puno vendería a mejor precio y con menos intermediarios, mientras la cadena agroindustrial que compra esos insumos tendría menor riesgo de desabastecimiento.
Los fondos llegan en un momento de desempeño mixto para el sector. El agro peruano arrancó 2026 con un crecimiento de 3.99% en enero, pero en abril registró una contracción de 1.64%, con el subsector agrícola cayendo 3.33%.
Los US$ 26 millones son una cifra puntual frente al tamaño del PBI agropecuario nacional, pero si el canal de transmisión hacia la productividad funciona, el impacto puede multiplicarse.
El ejecutor tiene historial —y eso importa
Uno de los argumentos más sólidos a favor de esta operación es quién la ejecutará. Entre 2020 y 2025, AGRO RURAL gestionó el proyecto Avanzar Rural, también cofinanciado por el FIDA, con una inversión total de US$ 74.5 millones.
Ese proyecto atendió a más de 20,000 pequeños productores, cofinancó 1,205 planes de negocio y operó en cinco regiones. En 2024, el FIDA ubicó a Avanzar Rural en el primer lugar de su ranking global entre más de 180 proyectos financiados por el organismo en todo el mundo.
La operación además pasó los filtros previos del Tesoro Público, la Asesoría Jurídica del MEF y la Contraloría de la República antes de ser firmada, lo cual reduce el riesgo de una aprobación apresurada sin respaldo técnico.
La pregunta que el decreto no responde
Todo crédito público tiene una lógica básica: si el Estado se endeuda, el proyecto que financia debe generar un retorno social mayor al costo de la deuda.
En este caso, con una tasa estimada de alrededor del 6% anual, MERCAGRO debería producir un beneficio neto —medido en ingresos adicionales para productores, empleos generados o ahorro en costos de intermediación— que supere ese umbral.
El expediente técnico del proyecto, que contiene esos cálculos, no está disponible públicamente. Sin él, ni los analistas ni los propios agricultores beneficiarios pueden verificar si la deuda que se aprobó a último momento tiene el retorno que la justifica.
Lo que el mercado deberá monitorear en los próximos trimestres no es la llegada de los dólares —eso ya está asegurado— sino el avance físico de los mercados de MERCAGRO en las ocho regiones.
Solo la ejecución transformará una deuda aprobada en el límite del plazo en productividad real para los agricultores.