Desde este jueves 3 de noviembre, más de cien personas a bordo de tres embarcaciones permanecen retenidas en el río Marañón. La medida forma parte de las protestas que comuneros de la zona realizan al gobierno por el derrame de petróleo ocurrido a mediados de septiembre en el kilómetro 42 +092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano.
De acuerdo con la ciclista Ángela Ramírez, una de las personas que se encuentra retenida, los comuneros pretenden mantenerlos alrededor de ocho días, pese a que el agua y la comida comienzan a escasear: “La situación es crítica (…) Ya no tenemos más agua, estamos esperando. No hay nadie (autoridades)”.
La deportista se encuentra acompañada de una delegación de ciclistas provenientes de distintas partes del mundo. Cuando intentaban desplazarse por el río Cuninico a través de una embarcación, fueron retenidos por los comuneros.
«Nos dijeron que ha sido porque buscan la atención del Estado la solución del derrame de petróleo 46 veces y que producto de ello hay ahora dos niños fallecidos y una mujer», declaró la ciclista peruana a RPP.
Se estima que al menos 150 personas permanecen frente a la zona donde ocurrió el derrame de petróleo. Entre los afectados figuran personas discapacitadas, mujeres embarazadas, niños e incluso un bebe de un mes de nacido, quienes ni siquiera han podido desembarcar debido a la negativa de los comuneros.
Pese a la gravedad de la situación, al lugar no se ha apersonado ninguna autoridad o mediador para intentar atender los requerimientos de los comuneros. El derrame de petróleo ocurrió el pasado 16 de septiembre y afectó a ocho comunidades aledañas a Cuninico y Urarinas, en Loreto.
«El Cuninico está en la boca de la quebrada que desemboca en las aguas del río Marañón. Todas las comunidades que están aguas abajo, llámese San Francisco, San Antonio, Esperanza, San Pedro y así sucesivamente hasta Nauta están afectadas porque la contaminación es bien ardua», explicó el apu Galo Vásquez el día derrame.
La contaminación fue declarada como emergencia ambiental, pero las poblaciones vulneradas no han recibido la ayuda gubernamental requerida.