El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteó derogar la ley que pone topes a las tasas de interés en el sistema financiero formal, como parte de su pedido de facultades legislativas al Congreso.
El ministro Élmer Cuba explicó ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que la norma, lejos de frenar la usura, termina alimentándola al desplazar a los clientes de mayor riesgo hacia el crédito no regulado.
Dos mercados de crédito, un mismo problema
Cuba diferenció dos segmentos dentro del sistema financiero peruano.
El primero agrupa a las grandes y medianas empresas, atendidas por la banca con tasas competitivas.
El segundo corresponde a las microempresas y los créditos de consumo, cubierto principalmente por entidades no bancarias como cajas rurales, cajas municipales de ahorro y crédito, cooperativas y financieras, que compiten directamente con los prestamistas informales conocidos como «gota a gota».
Según el ministro, poner un tope a las tasas de interés afecta sobre todo a estas últimas instituciones, lo que termina por favorecer a los usureros reales antes que combatirlos.
500,000 créditos empujados a la usura
El titular del MEF citó un estudio del Banco Central de Reserva (BCR) según el cual 500,000 créditos habrían migrado hacia préstamos usureros en los últimos años como consecuencia de los topes vigentes.
Cuba planteó que el debate legislativo incorpore también a las personas y microempresas que hoy recurren a este tipo de financiamiento a tasas muy superiores al límite legal.
Un llamado a cajas y cooperativas
El ministro pidió además que cajas rurales, cajas municipales y cooperativas participen de la discusión, pues considera que estas entidades podrían competir en mejores condiciones contra los prestamistas informales si se eliminan los topes.
Para Cuba, ampliar el acceso al crédito formal entre la población con mayores dificultades de financiamiento constituye, en sus palabras, una política inclusiva.
La revisión del régimen de tasas de interés forma parte de un paquete más amplio de propuestas económicas que el Ejecutivo llevó al Congreso dentro de su pedido de delegación de facultades legislativas, que incluye además medidas sobre inversión privada, Obras por Impuestos, presupuesto público y una reforma del régimen tributario para las micro y pequeñas empresas.