A lo largo de las calles de las regiones del Perú, es común ver letreros de obras paralizadas. Algunas construcciones tienen paredes cubiertas de grafitis, otros las ventanas rotas o el interior lleno de maquinaria abandonada. Pero todas, de hecho, son un recordatorio de un problema que se arrastra desde hace años.
Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), a diciembre de 2023, existe un total de 2,298 obras públicas paralizadas en el país, que representan una inversión de más de 26,992 millones de soles.
Para que una obra se considere paralizada, debe cumplir con las siguientes condiciones: Obra ejecutada bajo contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas, en ejecución física no concluida y que no reporta avance por seis meses debido a controversias, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, situaciones imprevisibles u otras causas.
En esa línea, las regiones que reportan mayor número de obras detenidas son las siguientes:
- Cusco (346)
- Puno (281)
- Lima (178)
- Áncash (144)
- Cajamarca (137)
- Ayacucho (129)
- Piura (128)
- Apurímac (113)
Solo estos 8 departamentos concentran el 63.4% del total y, en conjunto, tienen un saldo de inversión por ejecutar que supera los S/5 mil millones.
Por otro lado, Ucayali, Madre de Dios, Callao, Tumbes e Ica son las regiones en donde se registra una menor cantidad de construcciones inconclusas, con 24, 19, 10, 7 y 5, respectivamente.
¿Por qué se produce esta situación?
Los motivos de la paralización de estas obras son variados. En algunos casos, se debe a problemas contractuales entre el Estado y las empresas contratistas. En otros, se debe a retrasos en la aprobación de los estudios técnicos o, también, por conflictos sociales.
El Reporte de obras paralizadas revela que las principales causas de la paralización de las obras son los incumplimientos de contrato (540 obras, es decir, 23.5%) así como la falta de recursos financieros y liquidez para seguir ejecutando el proyecto (515 obras, un 22.4%).
Por otro lado, las discrepancias, controversias y arbitrajes (109 obras) y los conflictos sociales (101) se presentan en menor medida.
Obras por Administración Directa
Otro aspecto relevante del informe de la Contraloría es que más del 50% de obras paralizadas, o sea, 1270, son ejecutadas bajo la modalidad de Administración Directa.
Una obra que sigue este modo es aquella cuya ejecución está a cargo de las propias entidades públicas, quienes utilizan sus propios recursos presupuestales, personal, infraestructura, equipos y maquinarias.
Así, las cifras exponen que los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) concentran el mayor número de obras paralizadas en esta clasificación: 1184 (93.2%) del total. A las entidades del Gobierno Regional le corresponden 59 y, por último, al Gobierno Nacional, 27.
En menor cantidad, existen obras paralizadas que son ejecutadas por contrata (949), núcleos ejecutores (74), Obras por Impuesto (3) y Asociaciones Público Privadas o concesiones (2).
Acciones para la solución del problema
La CGR ha elaborado un nuevo marco normativo para regular las obras que se ejecutan por administración directa, con el objetivo de contribuir a reducir la problemática de las obras paralizadas en el mediano plazo.
Esta nueva regulación, que será de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades de los tres niveles de gobierno a partir del 1 de abril del 2024, establece disposiciones para la ejecución de este tipo de obras de manera eficiente y transparente.
Además, permite asegurar las mejores condiciones en términos de calidad, costo, oportunidad bajo un adecuado control de la Contraloría y la ciudadanía.
Por eso, a partir del 1 de febrero, la Contraloría, a través de la Escuela Nacional de Control, capacitará a gestores públicos sobre ejecución de obras públicas por Administración Directa, según lo establecido en la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL.
