19.9 millones de peruanos —el 57.5% de la población— estaban expuestos a un riesgo alto o muy alto de inundaciones por lluvias asociadas al Fenómeno El Niño (FEN) a junio de 2026, según cifras del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) recogidas por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
El hallazgo cobra relevancia ante el último pronóstico de la Comisión ENFEN, que estima una probabilidad de 38% de que El Niño Costero alcance una magnitud fuerte y de 33% de que sea extraordinario durante el verano de 2027.
El escenario, sumado a la reciente actividad sísmica registrada en el norte del país, expone a viviendas, colegios, carreteras y áreas agrícolas ante distintos desastres naturales.
Pese a la magnitud del riesgo, la capacidad de respuesta del Estado muestra brechas significativas. Al 2025, el 24% de gobiernos regionales, el 43% de municipalidades provinciales y el 75% de las distritales no contaban con un plan de prevención aprobado.
A julio de 2026, además, 16 regiones habían ejecutado menos de la mitad de sus recursos destinados a reducir vulnerabilidades y atender emergencias.
La percepción de los especialistas confirma estas limitaciones. Según una encuesta del IPE a un grupo de los principales economistas del país, el 59% considera que el Perú está menos preparado para afrontar el FEN que en 2017, y el 94% señala que el gobierno saliente no adoptó las medidas necesarias.
El 84% advirtió, además, que el cambio de autoridades nacionales y subnacionales está dejando poco tiempo para completar la preparación.
Piura, la región más expuesta después de Lima y Callao
Lima y Callao concentran la mayor exposición del país, con 6.2 millones de personas en riesgo. Piura le sigue como la segunda región más afectada: 1.7 millones de piuranos, equivalentes al 77.0% de su población, enfrentan un riesgo alto o muy alto de inundaciones, según el Cenepred.
La amenaza en esa región comprende también 502,000 viviendas y 415,000 hectáreas agrícolas. Desde el 2 de julio, los 65 distritos de Piura se encuentran en estado de emergencia por 60 días.
A la amenaza de lluvias se suma el riesgo sísmico: el 11 de agosto se registraron tres movimientos en la zona, de magnitudes 4.9, 4.0 y 4.1. Ambos peligros coexisten con una infraestructura vulnerable: el 66.4% de las viviendas de Piura es informal, por encima del 61.7% nacional.
De ese parque habitacional, el 88.7% no contó con asistencia de un ingeniero o arquitecto, el 89.9% presenta pisos inadecuados y el 84.3%, techos de calamina o fibra de cemento. En el ámbito educativo, el 40.4% de los colegios públicos de la región requiere una sustitución total, pues la mayor parte de su área techada se encuentra en muy alto riesgo de colapso.
Elecciones de octubre, una oportunidad para exigir prevención
El IPE plantea las elecciones regionales y municipales de octubre como una oportunidad para exigir propuestas concretas frente a los desastres naturales. Los gobernadores regionales son responsables de conducir la gestión del riesgo de desastres en su jurisdicción, priorizar obras preventivas, activar los centros de operaciones de emergencia y coordinar la atención y rehabilitación de las poblaciones afectadas.
En Piura, el Ejecutivo ya anunció S/140 millones para descolmatar el río Piura e intervenir 60 puntos críticos. Sin embargo, el IPE advierte que disponer de recursos no garantiza resultados: los candidatos deberán plantear metas verificables para traducir oportunamente el presupuesto en defensas ribereñas, sistemas de drenaje y alerta, y otros servicios que protejan a la población y la actividad productiva.