La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la ONPE, incluido el exjefe de la entidad Piero Corvetto, por irregularidades en la contratación y distribución del material electoral para la primera vuelta del 12 de abril. Las fallas derivaron en que 187 mesas de sufragio no llegaron a instalarse el día de la votación, afectando el derecho al sufragio de 55,261 electores en Lima Metropolitana.
El informe fue recibido por la ONPE el 25 de mayo. La Gerencia General ya encargó a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios evaluar los descargos de los funcionarios comprendidos.
Cómo falló la contratación del transporte
El origen del problema está en la contratación del servicio de transporte para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos del proceso.
Según la Contraloría, los términos de referencia no especificaban una cuantificación real de los vehículos necesarios. Durante la evaluación de ofertas, funcionarios de la ONPE aplicaron un criterio no previsto: reducir dos metros al largo de los vehículos ofertados para fijar un mínimo de capacidad de 10 metros cúbicos.
Con esa metodología, se adjudicó la buena pro por S/6,368,332.75 a una oferta que resultó S/168,148.19 más cara que otra propuesta disponible.
La empresa ganadora ejecutó el servicio principalmente con vehículos de terceros: 437 unidades alquiladas (92% del total) frente a solo 40 propias (8%). Para la Contraloría, esa situación fue consecuencia directa del accionar irregular de los evaluadores en la etapa de selección.
La noche anterior a las elecciones: 43 rutas reprogramadas con tiempo insuficiente
El 11 de abril a las 16:28 horas —menos de 24 horas antes de la votación— se reprogramaron 43 rutas que comprendían 553 locales de votación, 8,261 mesas de sufragio y 2,453,791 electores.
A esas rutas se les asignó un tiempo de entrega de entre 3.5 y 4 horas, cuando el traslado requería al menos 8 horas.
El informe también observa que entre el 7 y el 9 de abril se tramitaron y aprobaron prestaciones adicionales por S/650,205.94 —que incluían el incremento de rutas, la incorporación de unidades de contingencia y el ajuste del precio unitario para el repliegue de 5,441 equipos informáticos desde las ODPE de Lima Metropolitana y Callao hacia Lurín— sin sustento técnico ni legal suficiente.
Además, se autorizó el traslado de equipos usados en la jornada de capacitación del 5 de abril para destinarlos como contingencia al proceso electoral.
El resultado: el material y los equipos informáticos llegaron fuera de plazo a 3,605 mesas de sufragio. De ese total, 187 mesas no pudieron instalarse el día de la elección.