“Hay inversiones ineficientes. El requerimiento de inversión del período 2017 al 2021 es cerca a los 50 mil millones de soles que lamentablemente no se tienen, pero también hay un problema con la ejecución de los recursos por parte de los diferentes niveles de gobierno”.
Así lo dio a conocer, el presidente del directorio de la EPS Grau durante su participación en el foro “Importancia de la política de integración de prestadores de servicios de saneamiento en la región Piura”, desarrollado hoy en las instalaciones de la empresa.
Indicó que de ese montó más de mil 200 millones de dólares le corresponden a Piura con lo cual se iniciaría el camino a cerrar brechas de acceso a los servicios de saneamiento.
“Desde el Ministerio de Vivienda hay un plan de trabajo con una serie de proyectos en el área urbana por el orden de los 2 mil 500 millones de soles, y ese plan se orienta a transferir los recursos a la EPS, gobiernos locales o ejecutarlos directamente y ahí están proyectos importantes como la PTAR de Talara, ampliación de la planta de agua potable de Curumuy y ampliación de los servicios en los asentamientos en Piura”, comentó el funcionario.
Boyer Merino resaltó además que se están impulsando distintos proyectos a nivel de expediente técnico y de convocatoria.
PROBLEMÁTICA
Como parte del diagnóstico del sector saneamiento, Boyer Merino destacó que la meta del plan nacional de saneamiento es que al 2021 se tenga un acceso universal en el servicio de agua a nivel urbano y al 2030 el ámbito rural
Sin embargo, dijo que existen tres aspectos a tener en cuenta: 1) hay grandes problemas con los operadores a nivel nacional; 2) hay una atomización de prestadores del servicio, pues existen cerca de 28 mil y el 3) que hay un débil gobierno corporativo en el manejo de las empresas.
Además, sostuvo que hay una limitada participación privada, y si bien ha tenido éxito en Lima en el tema de manejo aguas residuales, en Tumbes por ejemplo no sucedió así, y por ello OTASS está operando los servicios.
“Hay cerca del 80% de expedientes técnicos de los gobiernos nacionales, locales y regionales que no cumplen con las exigencias para ser aprobados, hay limitados recursos para la operación y mantenimiento de los servicios y por ello es importante Sunass como regulador de las tarifas y además hay una escasa valoración del agua potable por parte de la población”, refirió Javier Boyer.
Aseguró que desde el Ministerio de Viviendas las estrategias se centran en darle sostenibilidad financiera a las EPS, fortalecer a los operadores, optimizar las soluciones técnicas y articular el trabajo con los demás ministerios.