La situación financiera de Petroperú ha alcanzado niveles críticos, con cuatro años consecutivos de margen operativo negativo. Esto significa que la empresa no genera ingresos suficientes para cubrir sus propios costos operativos, incluso antes de pagar los intereses de su deuda, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
El IPE señala que el estado actual de la empresa no es reciente. La debacle responde a una combinación de graves problemas de gobernanza interna, la millonaria inversión en la refinadora de Talara que hoy opera con fallas que limitan su producción, una política de precios que debe revisarse y una estructura de planilla rígida.
Entre 2010 y 2025, el endeudamiento de Petroperú respecto de su patrimonio se triplicó, mientras que su capacidad para cubrir pagos de corto plazo se redujo a la tercera parte. La rentabilidad, que había sido positiva en la década previa, se ha deteriorado de forma sostenida en el último quinquenio.
S/25,300 millones en ayuda estatal
El IPE estima que, desde 2013, Petroperú ha recibido un apoyo estatal equivalente a S/25,300 millones, en forma de capitalizaciones, préstamos y garantías estatales.
Esta cifra equivale a más de 300 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) o a casi 100 hospitales de alta complejidad. El costo fiscal podría elevarse a más de S/32,000 millones en 2026 tras el anuncio de un nuevo salvataje por alrededor de US$2,000 millones por parte del Ejecutivo para cubrir necesidades de liquidez y operación.
Un récord de inestabilidad institucional
En los últimos 10 años, la empresa ha tenido 19 gerentes generales y 21 presidentes de directorio, con una duración promedio de apenas siete y seis meses, respectivamente. Esta rotación refleja una alta injerencia política y deteriora la capacidad técnica de la organización.
El factor político que complica el futuro
El IPE señala que el Decreto de Urgencia N° 010-2025 es apenas un primer paso y que la empresa requiere una transformación integral que dependerá del compromiso político de las próximas autoridades.
Con el 77% de actas contabilizadas, la proyección del Senado para el próximo gobierno anticipa un escenario de fragmentación: 30 escaños para partidos con matices a favor de la reforma, 23 en contra y 7 con posturas ambiguas.
Una hoja de ruta para la sostenibilidad
El IPE sostiene que es fundamental consolidar el Decreto de Urgencia en una norma con rango de ley para reducir el riesgo de retroceso.
En ese sentido, plantea una hoja de ruta con cuatro frentes críticos: asegurar una gobernanza sólida, incorporar participación privada, estabilizar la operación comercial y dinamizar el sector hidrocarburos con nuevas inversiones.
“Seguir destinando recursos públicos para sostener una situación financiera inviable es inaceptable», enfatiza el IPE.