La situación financiera de Petroperú ha alcanzado niveles críticos. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la empresa acumuló cuatro años consecutivos con margen operativo negativo, lo que significa que no genera ingresos suficientes para cubrir sus propios costos operativos, incluso antes de pagar los intereses de su deuda.
El IPE señala que el estado actual de la petrolera responde a una combinación de graves problemas de gobernanza interna, la millonaria inversión en la refinería de Talara (que hoy opera con fallas que limitan su producción), una política de precios que requiere revisión y una estructura de planilla rígida.
Deterioro financiero acelerado
Entre 2010 y 2025, el endeudamiento de Petroperú respecto de su patrimonio se triplicó, mientras que su capacidad para cubrir pagos de corto plazo se redujo a la tercera parte. La rentabilidad, que había sido positiva en la década previa, se ha deteriorado de forma sostenida en el último quinquenio.
En enero de 2026, Fitch Ratings retiró su calificación crediticia a la empresa debido a la falta de información financiera suficiente.
S/ 25,300 millones en ayuda estatal
El IPE estima que, desde 2013, Petroperú ha recibido apoyo estatal equivalente a S/25,300 millones, en forma de capitalizaciones, préstamos y garantías estatales.
Esta cifra equivale a más de 300 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) o a casi 100 hospitales de alta complejidad.
El costo fiscal podría elevarse a más de S/32,000 millones en 2026 tras el anuncio de un nuevo salvataje por alrededor de US$2,000 millones por parte del Ejecutivo para cubrir necesidades de liquidez y operación.
Récord de inestabilidad institucional
En los últimos 10 años, la empresa ha tenido 19 gerentes generales y 21 presidentes de directorio, con una duración promedio de apenas siete y seis meses, respectivamente. El IPE sostiene que esta rotación refleja una alta injerencia política y deteriora la capacidad técnica de la organización.
El factor político que podría frenar la reforma
El IPE advierte que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 es apenas un primer paso y que Petroperú requiere una transformación integral que dependerá del compromiso político de las próximas autoridades.
Sin embargo, la composición del próximo Senado no garantiza una mayoría sólida para impulsar los cambios necesarios. Con el 77% de actas contabilizadas, las proyecciones indican que 30 escaños estarían ocupados por partidos con posición favorable a la reforma (aunque con matices), 23 serían de oposición y 7 mantendrían una postura ambigua.
Esta fragmentación, según el IPE, podría frenar las reformas estructurales que Petroperú necesita, al no alcanzarse los consensos suficientes para convertir el decreto de urgencia en ley y para profundizar la reestructuración con participación privada.
Una hoja de ruta para la sostenibilidad
El IPE sostiene que es fundamental consolidar el Decreto de Urgencia en una norma con rango de ley para reducir el riesgo de retroceso político. En ese sentido, plantea una hoja de ruta con cuatro frentes críticos: asegurar una gobernanza sólida, incorporar participación privada, estabilizar la operación comercial y dinamizar el sector hidrocarburos con nuevas inversiones.
“Seguir destinando recursos públicos para sostener una situación financiera inviable es inaceptable”, enfatiza el IPE.