El Indecopi sancionó a dos entidades financieras por establecer rangos de edad como requisito para acceder a sus créditos, sin presentar una justificación objetiva. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna recibió una multa de 8 UIT (S/44,000) y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Serfinco, 5 UIT (S/27,500), sumando más de S/71,000 en penalidades.
La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi determinó que estas prácticas vulneran el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya que impiden el acceso al crédito basándose en criterios personales y no en la real capacidad de pago.
Las restricciones sancionadas
En el caso de Caja Tacna, su página web indicaba que el Crédito Multioficios solo podía ser solicitado por personas desde los 20 años, excluyendo a consumidores menores de esa edad sin un sustento técnico que justifique dicha barrera.
Por su parte, la Cooperativa Serfinco promocionaba su Crédito Personal dirigido únicamente a personas entre 18 y 63 años. Esta restricción dejaba fuera a los adultos mayores, desincentivando su acceso al producto sin una razón objetiva vinculada a la evaluación del riesgo crediticio.
Capacidad de pago, no fecha de nacimiento
El Indecopi recordó que las entidades del sistema financiero pueden evaluar el riesgo crediticio de los solicitantes, pero dicha evaluación debe sustentarse en criterios verificables, como los ingresos, el historial de pago y la capacidad de endeudamiento, no en condiciones personales como la edad.
“Establecer límites de edad como requisito para acceder a productos crediticios, sin una justificación objetiva y razonable, puede constituir una práctica discriminatoria”, señaló la entidad.
Ambos casos ya fueron resueltos en segunda y última instancia administrativa, según precisó el Indecopi.
Alerta para el sistema financiero
La decisión tiene implicancias más allá de las dos entidades sancionadas. El Indecopi advirtió que las promociones en canales digitales —incluyendo páginas web y aplicaciones— que incluyan rangos etarios sin respaldo técnico no solo generan sanciones económicas, sino que desincentivan la solicitud de financiamiento por parte de consumidores que sí calificarían bajo criterios de evaluación legítimos.
El precedente obliga a revisar los términos y condiciones de productos crediticios en todo el sistema financiero peruano, especialmente los publicados en plataformas digitales donde los filtros de acceso suelen incorporarse sin controles adicionales.