La posible reforma del empleo juvenil reavivó el debate sobre la denominada «Ley Pulpín». En ese contexto, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmó que volvería a defender esa norma y sostuvo que su principal problema fue la falta de respaldo político y de una adecuada estrategia para explicar sus objetivos a la ciudadanía.
Sheput señaló que la finalidad de ese tipo de iniciativas es enfrentar la alta informalidad laboral entre los jóvenes.
En una entrevista con RPP, indicó que la ausencia de un empleo formal impide que muchos accedan a la seguridad social y a un sistema de pensiones, por lo que consideró necesario impulsar reformas que les permitan acceder a un «trabajo decente».
El ministro sostuvo que la polémica Ley Pulpín no fracasó por su contenido, sino porque el gobierno de Ollanta Humala no logró comunicar adecuadamente sus alcances.
Además, destacó el nivel técnico de quienes impulsaron la propuesta en ese momento, entre ellos los entonces ministros Alonso Segura y Piero Ghezzi.
Aunque reconoció que el contexto político y social es distinto al de hace más de una década, reiteró que hoy volvería a defender esa iniciativa porque, a su juicio, buscaba ampliar las oportunidades de empleo formal para la población joven.
Sus declaraciones se producen mientras el Gobierno prepara un pedido de facultades legislativas que incluye un capítulo sobre empleo juvenil.
El borrador plantea medidas para promover la inserción laboral y el desarrollo profesional de los jóvenes mediante cambios relacionados con la formación para el trabajo, el acceso a información sobre oportunidades laborales, mecanismos de financiamiento, contratación y beneficios laborales. La propuesta aún se encuentra en discusión.
¿Por qué vuelve el debate?
Las declaraciones de Sheput coinciden con la discusión de una nueva reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
Aunque el proyecto no crea un régimen exclusivo para jóvenes, sí propone revisar aspectos como la CTS, las gratificaciones, las vacaciones, las utilidades, la jornada laboral, las horas extras y los aportes a EsSalud y a los sistemas de pensiones.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan reducir las barreras para la contratación formal en un contexto donde el 70,2 % de la población ocupada trabaja en la informalidad y el desempleo juvenil alcanza el 9,6 %, según la exposición de motivos del pedido de facultades legislativas.
También argumenta que los costos laborales no salariales desincentivan la generación de empleo formal.
No obstante, el debate recuerda las críticas que recibió la Ley Pulpín. Especialistas advirtieron entonces que reducir beneficios laborales no garantiza una mayor formalización y señalaron que regímenes especiales aplicados previamente no lograron disminuir de forma significativa la informalidad.
También alertaron sobre el riesgo de que las empresas sustituyeran trabajadores con mayores derechos por otros contratados bajo condiciones menos favorables. Estos cuestionamientos fueron expuestos por IDL Reporteros.
¿Qué fue la Ley Pulpín?
La denominada Ley Pulpín corresponde a la Ley N.° 30288, aprobada en diciembre de 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala. Su objetivo era incentivar la contratación formal de jóvenes de entre 18 y 24 años mediante la creación de un régimen laboral especial.
La norma mantenía el acceso a EsSalud y a un sistema de pensiones, pero eliminaba beneficios laborales como las gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las utilidades. Además, reducía el período de vacaciones a 15 días.
El Ejecutivo de entonces defendía que esos cambios permitirían reducir la informalidad juvenil y facilitar la contratación formal. Sin embargo, diversos sectores cuestionaron que la ley recortaba derechos laborales únicamente por la edad de los trabajadores.
Las críticas derivaron en movilizaciones masivas en distintas ciudades del país. Tras varias semanas de protestas, el Congreso derogó la Ley N.° 30288 en enero de 2015.