El paquete de facultades legislativas que el Poder Ejecutivo prepara para solicitar al Congreso incluiría, según un capítulo dedicado a peajes, asociaciones público-privadas e infraestructura, la derogación de la Ley 15773, la norma que obliga a las concesionarias a contar con una vía alterna antes de cobrar un peaje. Así lo advirtió la regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) Roxana Rocha en una entrevista con el periodista Alfonso Baella para Bethel Noticias.
La Ley 15773 fue precisamente el sustento legal que usó el Tribunal Constitucional (TC) en marzo de 2024 para ordenar, por unanimidad, la suspensión del cobro del peaje de Chillón, ubicado en Puente Piedra y operado por la concesionaria Rutas de Lima.
El fallo (Sentencia 84/2024, Exp. N.° 01072-2023-PHC/TC) determinó que se vulneraba el derecho al libre tránsito de los vecinos, pues no existía una vía alterna que cumpliera con los requisitos de la norma, pese a que la empresa cobraba 13 soles por un recorrido de ida y vuelta —6.50 soles por tramo— a los usuarios de la Panamericana Norte.
El origen de la denuncia
El proceso se originó en un hábeas corpus presentado por el poblador Ramón Pairazamán y la Municipalidad de Puente Piedra, que alegaron que el cobro del peaje en la unidad Chillón resultaba desmedido e irregular ante la ausencia de una vía alterna real.
El TC les dio la razón y precisó, meses después mediante un auto aclaratorio, que la responsabilidad de construir esa vía alterna recae en la Municipalidad de Lima.
La gestión de Rafael López Aliaga no había ejecutado dicha obra hasta el cierre de 2024, según reclamos formales de Rutas de Lima.
¿Qué está en juego con la derogación?
Rocha advirtió que eliminar la Ley 15773 no solo afectaría el precedente ganado en el caso de Puente Piedra, sino también las controversias judicializadas que hoy sostienen distintas municipalidades contra concesionarias de peajes, así como contratos de concesión y arbitrajes internacionales en curso.
Según la regidora, sin esta norma como respaldo legal, el Estado perdería el sustento con el que hoy exige vías alternas, y se abriría la puerta a que se instalen peajes en vías urbanas sin esa condición, con impacto directo en el bolsillo de los usuarios.
El trámite en el Congreso
El pedido de delegación de facultades legislativas por 120 días fue el primer punto en la agenda de la sesión inaugural del Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori, realizada el 29 de julio. Entre las materias solicitadas figuran seguridad ciudadana, apoyo a la micro y pequeña empresa, empleo, desregulación y reforma del Estado, además del capítulo de infraestructura y peajes al que se refirió Rocha.
La propuesta, presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros, debe iniciar su debate en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado como cámara revisora.
Rocha señaló que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a cargo de Rafael Rey —juramentado el 28 de julio—, sustentar ante el Congreso los motivos detrás de esta delegación de facultades en materia de peajes.
La regidora, que integra la bancada de oposición en el Concejo de Lima, adelantó que rechazará cualquier intento de «abrir las puertas» a los concesionarios para cobrar peajes sin vías alternas, en línea con el estándar que, dijo, rige en los países que sí cuentan con este tipo de infraestructura.