Indecopi está trabajando una propuesta normativa para el comercio electrónico, señala El Comercio.
La medida busca proteger a los consumidores, quienes han comenzado a usar este medio con mucha más frecuencia debido a la pandemia del COVID-19.
Así, esta propuesta plantea aclaraciones a vacíos normativos y ajustes en temas como seguridad de los productos, papel de las plataformas de intermediación de cara a su responsabilidad para con sus usuarios o el derecho a arrepentirse de las compras realizadas vía Internet.
Seguridad
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor (DPC) pone énfasis en la seguridad de productos.
“La propuesta normativa busca contar con herramientas que permitan intervenir, inmovilizando aquellos productos que podrían representar un riesgo para la seguridad y la salud de los consumidores. Por ejemplo, productos que entre sus componentes tengan cantidades de plomo no permitidas por los estándares de otras agencias de consumo de países más desarrollados”, manifestó la DPC.
Es importante señalar que el ente fiscalizador señaló que se considera la participación de otros actores de la administración pública que intervienen en la cadena de ingresos de productos al país.
Intermediación
Reconocer a las plataformas de intermediación como proveedores es otra de las propuestas abordadas. Por ello, estas tienen responsabilidades frente a los consumidores y usuarios.
Según lo comunicado, el análisis de la DPC consideró relevante proteger a los consumidores que contraten a través de plataformas de intermediación.
“La realidad ha demostrado que los consumidores no solo se encuentran expuestos a las prácticas comerciales que estas realizan, sino que también optan por adquirir un producto o contratar un servicio en función a la publicidad recibida por parte de estas, sometiéndose así a sus condiciones”, expresaron.
Derecho a arrepentirse
Finalmente, la iniciativa también observa la necesidad de establecer que los consumidores tienen derecho a arrepentirse de la compra.
La propuesta surge debido a que la compra digital no permite a los usuarios tener contacto directo con el producto. Esto supone confiar en la información dada por el proveedor.
Desde el Indecopi resaltaron que la figura del “arrepentimiento” existe actualmente en el mercado de seguros. En este se le otorga al consumidor un plazo de 15 días calendario para ejercer dicho derecho.
El ente fiscalizador precisó además que estos planteamientos se trabajan en coherencia con lo advertido en el “Examen voluntario entre homólogos del derecho y la política de protección del consumidor del Perú”.
Este sugirió examinar la legislación peruana a fin de regular aspectos relacionados al comercio electrónico; teniendo como referencia las recomendaciones realizadas por organismos internacionales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).