Los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país manifestaron su rechazo a las recientes modificaciones al Código Penal propuestas por el Congreso en relación con el crimen organizado. A través de un comunicado difundido en las redes sociales de las organizaciones involucradas, alertaron sobre los riesgos que estas reformas representan para la seguridad del país. El proyecto de Ley 5891-2023-CR fue el centro de la controversia.
Modificaciones al Código Penal
El Congreso aprobó en primera votación una iniciativa legislativa que considera delitos graves solo aquellos sancionados con penas mayores a seis años. Los críticos de esta norma advierten que las modificaciones podrían obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público y beneficiar a bandas criminales.
En su comunicado, gremios como Confiep, Adex, Construcción Civil, Capeco, Agap, Cámara de Comercio de Lima y SNI expresaron su rechazo a estas modificaciones. Quienes argumentaron que aumentan el riesgo para la seguridad ciudadana.
Argumentos en contra de las modificaciones
Los gremios cuestionan que se considere organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas superiores a seis años, lo que dejaría fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción. También critican que se requiera la presencia del investigado y su abogado durante los allanamientos, lo que, según ellos, podría comprometer la efectividad de las intervenciones y facilitar el ocultamiento de pruebas.
“Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción”, indican dichas organizaciones. Estamos en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de las intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas”, expresarón.
Las organizaciones firmantes consideran «grave» que se estipule como requisito que las organizaciones criminales controlen «la cadena de valor de un mercado o economía ilegal». Señalan que esto excluiría a quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, los cuales generan gran inquietud en la población.
El comunicado finaliza con un llamado al Congreso para que considere estas observaciones en la segunda votación del proyecto. Los gremios insisten en que no se debe retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Finalmente, los gremios esperan que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial adopten una postura clara sobre este tema. Ya que la aprobación del proyecto de ley expondría más a la población a extorsionadores, asaltantes y secuestradores.
