Cada mes, los emprendedores de Gamarra, propietarios de bodegas y panaderías en todo Perú, enfrentan pérdidas asombrosas de alrededor de 437,545,000 soles debido a cierres arbitrarios impuestos por autoridades municipales. Pero ahora, una nueva esperanza se avecina con el Proyecto de Ley 4952, que busca poner fin a estos abusos.
Pérdidas injustas de emprendedores
Los cierres arbitrarios están afectando gravemente a los emprendedores peruanos en sectores clave de la economía. En Gamarra, un cierre puede resultar en la pérdida de alrededor de 3,000 soles al día, a menudo debido a infracciones menores como la ubicación de un maniquí o problemas de pintura.
Además, aproximadamente el 50% de las galerías en este centro comercial han sido cerradas en algún momento durante el 2022, lo que se traduce en pérdidas de al menos 500,000 soles diarios para los emprendedores.
En distritos como Comas e Independencia, se cierran al menos 10 bodegas al día. Para reabrir sus negocios, los emprendedores deben acudir nuevamente a la municipalidad y pagar una licencia de funcionamiento, costando al menos 150 soles al día. Esto se traduce en ingresos significativos para las municipalidades, alrededor de 45,000 soles al mes. Además, se han observado regulaciones poco realistas, como la necesidad de conectar equipos de frío a tierra.
Otros sectores afectados
El sector de panaderías y pastelerías, compuesto por 20,000 establecimientos en todo el país, también sufre cierres temporales arbitrarios que duran un promedio de siete días. Esto resulta en pérdidas diarias de alrededor de 1,500 soles por negocio. En un mes, aproximadamente 500 panaderías se ven afectadas por estas fiscalizaciones municipales arbitrarias, lo que representa una pérdida de ventas de 5 millones 250 mil soles al mes y 63 millones de soles al año. Además, muchos panaderos se ven obligados a pagar coimas para evitar cierres injustos, lo que representa una cifra significativa de 2,400,000 millones de soles al año.
El proyecto de ley
Los empresarios locales coinciden en la necesidad de poner fin a estas arbitrariedades municipales. Han pedido al Congreso de la República que apruebe el Proyecto de Ley 4952, que busca evitar los cierres abusivos impuestos por las autoridades ediles. Consideran que es esencial contar con un marco legal que los proteja y que impida que las municipalidades los vean como su fuente de ingresos. El destino de esta legislación ahora está en manos de los congresistas, y se espera que cambie la situación para mejor.
