El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) busca cerrar 2026 con US$20.000 millones asociados a expedientes certificados, después de alcanzar US$18.000 millones durante 2025. Sin embargo, el organismo afronta este año un presupuesto menor y espera recursos adicionales para fortalecer sus equipos de evaluación.
Anthony Bernuy, asesor de la Presidencia Ejecutiva del Senace, explica en entrevista con Infomercado que la entidad viene aplicando medidas para reducir los tiempos de evaluación ambiental, entre ellas la especialización de equipos y el uso de inteligencia artificial. Asimismo, aborda la ampliación de competencias del organismo hacia nuevos sectores y responde a los cuestionamientos sobre si la certificación ambiental constituye un cuello de botella para las grandes inversiones.
¿Cuál es el rol que cumple Senace dentro del proceso de inversión y hasta dónde llegan sus competencias?
Somos una entidad pública adscrita al Ministerio del Ambiente y un organismo técnico especializado encargado de brindar la certificación ambiental. Evaluamos y certificamos proyectos de inversión pública y privada, abordando los potenciales impactos sociales, biológicos y físicos que puedan generar las actividades económicas. Tenemos competencias para evaluar proyectos de minería, hidrocarburos, electricidad, transportes, agricultura, residuos sólidos, vivienda, construcción y saneamiento. Industria y comercio fueron transferidos recientemente y también tenemos competencias en pesca. Desde el 1 de septiembre tendremos siete nuevos subsectores.
Nosotros evaluamos los grandes proyectos que corresponden a estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d), es decir, aquellos que pueden generar impactos ambientales significativos. Dentro del ciclo de inversión participamos en la fase en la que se desarrolla el estudio técnico y se identifican los posibles riesgos y las medidas que deben adoptarse. Allí también se elabora el estudio de impacto ambiental. Luego de que otorgamos la certificación ambiental, el titular del proyecto tiene la autorización ambiental para poder ejecutar, aunque necesita obtener otros títulos o permisos de municipalidades, gobiernos u otras entidades. En la ejecución física nosotros ya no intervenimos. Nuestra función es evaluar y otorgar la certificación ambiental a los proyectos de inversión pública y privada.
¿Un ministerio, una empresa o alguna autoridad puede pedirle al Senace que priorice o acelere la evaluación de un determinado proyecto?
Senace es un organismo técnico especializado autónomo. Nuestra presidenta ejecutiva, Silvia Cuba, fue elegida mediante concurso público por un periodo de tres años, desde agosto de 2024 hasta agosto de 2027. Al ser autónomos, regimos nuestra gestión interna en función de las políticas que establece nuestra Presidencia Ejecutiva, aunque somos una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. No se trata de que alguien venga y nos presione para acelerar un proyecto. Lo que estamos haciendo para optimizar los plazos es modernizar la institución. Por ejemplo, estamos innovando mediante el uso de inteligencia artificial. Eso requiere gestión interna, distribución de recursos y adquisición de equipos para poder implementar estas herramientas.
¿Cuánto se han reducido los tiempos de evaluación gracias al uso de inteligencia artificial?
Estamos trabajando en la aplicación de inteligencia artificial en la etapa de admisibilidad de las EVAP del sector transportes. Actualmente, el plazo legal de esa etapa es de 11 días. Con la aplicación de inteligencia artificial, estimamos que podría reducirse a un máximo de dos días. La IA se utilizaría para evaluar los requisitos mínimos cuando ingresa el estudio ambiental de un proyecto de inversión. También hemos implementado otras medidas. Una es la asistencia técnica, que permite a los titulares y consultoras fortalecer su conocimiento sobre el proceso de evaluación, tanto durante la elaboración del expediente como durante la evaluación de sus estudios ambientales. Además, hemos lanzado un canal de atención mediante WhatsApp para que gobiernos regionales, gobiernos locales y empresarios puedan realizar consultas y recibir orientación de manera ágil sobre nuestros procesos.
¿La inteligencia artificial también podría utilizarse para identificar anticipadamente territorios o proyectos con mayor sensibilidad ambiental o social?
Sí, se podría. Pero para hacer eso necesitamos más recursos y equipos informáticos. Lo que mencionas implica trabajar y superponer mapas para identificar puntos críticos mediante inteligencia artificial. Es posible hacerlo, pero necesitamos mayores recursos. Actualmente tenemos una tendencia de menores recursos presupuestales. Nosotros venimos trabajando con la línea base compartida, que incorpora componentes físicos, biológicos y sociales. En nuestra página web tenemos el portal de uso compartido de línea base. Podríamos hacer ese trabajo con inteligencia artificial, pero necesitamos recursos para contar con ingenieros informáticos y más equipos. Sin eso no podremos hacerlo.
Actualmente estamos innovando con inteligencia artificial en tres aspectos. Uno de ellos es el normativo. Hemos creado el chat Bianca IA, que está disponible para que los usuarios puedan realizar consultas sobre la normativa vinculada al proceso de evaluación. También tenemos a Naya, una herramienta similar a ChatGPT, pero especializada en certificación ambiental. Permite realizar consultas sobre el proceso de evaluación, certificación ambiental, línea base compartida o medidas de impacto ambiental. Y lo último que estamos trabajando, y que vamos a lanzar, es la inteligencia artificial aplicada a la etapa de admisibilidad.
Senace está ampliando sus competencias hacia nuevos sectores. ¿Qué debería esperar un inversionista de estos sectores cuando tenga que pasar por una evaluación ambiental? ¿Procesos más rápidos y predecibles?
Industria fue transferida en febrero de este año y pesca también ya ha sido transferida. Desde el 1 de septiembre recibiremos nuevas competencias en sectores como salud, justicia, educación, comunicaciones, turismo y defensa, entre otros.
Existe una preocupación válida. Si observamos las estadísticas publicadas en el Marco Macroeconómico Multianual, se proyecta un crecimiento de alrededor de 3,4% o 3,5% y las expectativas de los inversionistas se encuentran en una zona optimista. Nosotros somos un organismo técnico especializado y somos clave para el inversionista. Por eso tenemos que promover predictibilidad. Los criterios técnicos y la interpretación de las normas tienen que ser claros. Para ello hemos trabajado un portal de criterios técnicos que está a disposición del público. Cualquier ciudadano, inversionista o consultor ambiental puede consultarlo, lo que permite fortalecer los criterios durante la elaboración y evaluación de los estudios.
Una de las críticas recurrentes alrededor de los grandes proyectos de inversión está relacionada con los tiempos para obtener permisos y autorizaciones. ¿La certificación ambiental sigue siendo un cuello de botella para ejecutar grandes inversiones?
No. Son comentarios que se hacen, pero desde que ingresó nuestra presidenta ejecutiva, Silvia Cuba, se ha iniciado un proceso de modernización del Senace y se ha implementado una mayor especialización. Se han creado unidades funcionales dentro de las direcciones de evaluación. Por ejemplo, minería cuenta con un equipo especializado; transportes tiene otro; hidrocarburos también, y así ocurre con los demás sectores.
Eso mismo vamos a hacer con los nuevos sectores que ingresen al Senace. Vamos a continuar con la especialización porque nos ha permitido optimizar los plazos, junto con la aplicación de innovación tecnológica. Hemos reducido los tiempos. En el caso de los ITS, que son informes técnicos muy demandados por los empresarios mineros, hemos conseguido reducciones de hasta 35%. En los EIA-d también hemos logrado una reducción aproximada de 25%.
La tendencia en Senace es reducir los tiempos. Sin embargo, también es importante mencionar que la certificación ambiental no depende únicamente del Senace. Depende también de la calidad de los estudios que presentan los titulares de los proyectos, sean gobiernos regionales, gobiernos locales o empresas. Además, intervienen los opinantes técnicos porque la certificación ambiental considera opiniones vinculantes, por ejemplo, de la Autoridad Nacional del Agua.
Entre enero y julio, Senace ha reportado alrededor de US$12.000 millones asociados a expedientes aprobados y espera terminar el año con US$20.000 millones. ¿Qué falta para alcanzar esa meta?
Como ocurre en todo el sector público, siempre vamos a requerir más recursos. El presupuesto que se nos ha asignado para 2026 es menor al de 2025. En 2025 logramos certificar 202 expedientes por US$18.000 millones. Sin embargo, los recursos asignados para 2026 son menores. Por eso hemos solicitado una demanda adicional de presupuesto. Esta demanda ha sido aprobada mediante la ley de crédito suplementario y esperamos que esos recursos sean transferidos. Con ellos podremos fortalecer los equipos encargados de evaluar estos grandes proyectos y alcanzar la meta que nos hemos trazado. Llegar a US$20.000 millones sería una cifra récord, al igual que lo alcanzado el año pasado. Los recursos adicionales permitirían fortalecer la capacidad de Senace para certificar inversiones sostenibles por un monto superior al conseguido en 2025.
¿Cuál es el presupuesto que tiene actualmente Senace y por qué necesitan recursos adicionales?
Para 2026 tenemos un presupuesto de S/53,6 millones. Es un monto menor y necesitamos reforzar nuestros equipos, principalmente al personal encargado de las evaluaciones. También estamos sustentando ante la Dirección General de Presupuesto Público la necesidad de que para el próximo año se incremente nuestro presupuesto y no vuelva a reducirse.
En el caso de Piura, ¿qué volumen de inversiones ha pasado por Senace y qué proyectos relevantes han sido certificados?
En Piura hemos logrado certificar o aprobar 172 expedientes hasta la fecha, que representan un monto de 3.288 millones de soles. Dentro de ellos hay grandes proyectos que hemos certificado y también modificaciones. En electricidad tenemos la línea de transmisión de 500 kV y un parque eólico. También hemos certificado modificaciones vinculadas al Lote 9 y a la Refinería de Talara. Son proyectos de gran envergadura que tienen un impacto positivo en la economía. Además, tenemos otros proyectos dentro de nuestras metas que esperamos certificar y que también pueden generar un impacto positivo.
Si Senace está reduciendo los tiempos de evaluación y aplicando nuevas tecnologías, ¿estas mejoras podrían afectar la participación ciudadana dentro de los procesos de certificación ambiental?
No. Al contrario, la reforzamos y complementamos. Como parte de nuestra innovación tenemos una aplicación móvil del Senace. A través de ella informamos sobre talleres y audiencias. Es información transparente que cualquier ciudadano puede consultar. Con inteligencia artificial queremos llevar esa información de manera mucho más ágil y rápida. La innovación forma parte tanto de la elaboración como de la evaluación de los estudios. La participación ciudadana no se verá afectada porque es algo que siempre tenemos que realizar. Es necesaria, obligatoria y forma parte de la ley. Lo que haremos con inteligencia artificial es apoyarnos en ella para informar de manera más ágil y optimizar los procesos.