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Vivienda de Interés Social: Beneficiarios deberán devolver el bono con intereses si se incumplen las reglas

Los beneficiarios deberán habitar la vivienda durante cinco años y no podrán alquilarla; además, el proyecto crea un registro nacional para reforzar la fiscalización de los subsidios.

Por Ricardo Lopez Alvarez
3 minutos
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El proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social (VIS), publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), incorpora nuevas obligaciones para los beneficiarios de subsidios estatales y establece sanciones más severas en caso de incumplimiento, incluida la devolución del bono habitacional con intereses legales.

La propuesta dispone que quienes accedan a un subsidio para adquirir una Vivienda de Interés Social deberán habitar el inmueble como residencia habitual durante los primeros cinco años y no podrán arrendarlo a terceros durante ese periodo. Si incumplen estas condiciones, no solo perderán la posibilidad de acceder a futuros programas de vivienda, sino que también deberán devolver el subsidio recibido junto con los intereses legales generados desde su desembolso.

El texto normativo establece las obligaciones del beneficiario: habitar exclusivamente la vivienda, no transferirla y no arrendarla durante cinco años.

La medida representa un cambio respecto al marco vigente, que ya impedía transferir la vivienda subsidiada durante cinco años, pero no desarrollaba de manera expresa la obligación de habitar el inmueble ni la prohibición de alquilarlo.

Mayor control sobre los subsidios

El proyecto busca asegurar que los recursos públicos destinados a programas habitacionales cumplan su finalidad social: facilitar el acceso a una vivienda propia y evitar que los subsidios sean utilizados para generar rentas mediante el alquiler de inmuebles financiados con apoyo estatal.

Asimismo, si el beneficiario deja de cumplir las condiciones establecidas, perderá también los beneficios financieros asociados al programa habitacional, como las tasas preferenciales que correspondan.

El reglamento prevé que el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mivivienda establezcan posteriormente los procedimientos específicos para la devolución de subsidios y la aplicación de restricciones a quienes incumplan las obligaciones.

Se crea el RENAVI

Otra de las novedades del proyecto es la creación del Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), un padrón en el que deberán inscribirse los proyectos de Vivienda de Interés Social para acceder a los distintos programas y beneficios estatales.

La información registrada servirá también como herramienta para fortalecer las labores de supervisión y fiscalización del Ministerio de Vivienda, que podrá interoperar con otras entidades para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el reglamento.

Más supervisión para proyectos VIS

El proyecto incorpora un capítulo específico sobre fiscalización y sanciones dirigido a los titulares de proyectos de Vivienda de Interés Social.

Entre las infracciones previstas figuran no registrar proyectos en el RENAVI, incumplir las reglas sobre publicidad de las viviendas VIS, obstaculizar las labores de fiscalización o comercializar unidades que no cumplan las condiciones técnicas exigidas.

Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, las sanciones podrán ir desde amonestaciones escritas hasta multas. Además, en los casos de infracciones muy graves, el Ministerio de Vivienda podrá instruir al Fondo Mivivienda para restringir de manera permanente el desembolso de subsidios habitacionales a los proyectos sancionados.

Nuevos parámetros para las viviendas

El proyecto de reglamento también actualiza algunos criterios técnicos para las Viviendas de Interés Social.

Como regla general, las viviendas deberán contar con un área inicial de 35 metros cuadrados. Excepcionalmente, podrán construirse unidades desde 25 metros cuadrados, siempre que dispongan de al menos dos habitaciones y cumplan las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y seguridad establecidas en la normativa.

El proyecto de reglamento se encuentra actualmente en consulta pública antes de su aprobación definitiva, por lo que sus disposiciones aún podrían ser modificadas tras el proceso de recepción de comentarios.