Los mineros ilegales dejarían de contar con la protección legal del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desde el 1 de enero de 2027, siempre que el Congreso apruebe el proyecto de ley de pequeña minería y minería artesanal (Mape).
Así lo afirmó el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, en una entrevista con RPP.
Según el ministro, uno de los cambios centrales de la iniciativa es retirar el amparo que hoy tienen algunos operadores que, bajo la condición de informales, realizarían minería ilegal.
Shinno precisó que la medida no apunta a los mineros informales que quieren trabajar bien, a quienes el Estado buscará ayudar a formalizarse.
Una vez que se corte esa protección, quienes sigan con actividades ilegales podrían ser investigados por extracción ilícita de minerales, contaminación ambiental y otros delitos, explicó el titular del sector.
Un régimen de 18 meses que, según el Gobierno, no extiende el Reinfo
Shinno remarcó que la propuesta del Ejecutivo no amplía el Reinfo. Plantea, en cambio, un nuevo mecanismo llamado régimen de consolidación, con un plazo de 18 meses para avanzar en la formalización.
El proyecto contempla simplificar los trámites para que los pequeños mineros y los mineros artesanales cumplan con los requisitos del Estado.
El proceso, además de permitir la fiscalización, deberá considerar las diferencias entre la minería aluvial, que se desarrolla sobre todo en la selva, y la minería filoniana o de socavón, propia de las zonas andinas.
Con un procedimiento más simple, dijo el ministro, sí es posible cerrar la formalización en ese plazo.
Formape conduciría la formalización durante cinco años
Shinno también defendió la creación del Organismo de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape).
Esta entidad conduciría el proceso de formalización y la supervisión de la pequeña minería durante cinco años.
Formape asumiría las funciones que hoy cumple la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas.
Luego transferiría sus responsabilidades a los gobiernos regionales.
Más control a las plantas procesadoras y cuentas en el Banco de la Nación
El Gobierno considera que las plantas de procesamiento son un punto clave para controlar el origen del mineral y su trazabilidad.
Por eso, el proyecto refuerza su fiscalización. Según Shinno, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), Osinergmin y Sunafil participarían en la supervisión, sobre todo en las instalaciones que procesan 25 toneladas o más.
La iniciativa plantea además que el Banco de la Nación abra cuentas corrientes a los mineros en proceso de formalización.
El objetivo es seguir sus operaciones financieras.
El ministro explicó que, sin acceso al sistema financiero, resulta difícil identificar el origen y el destino del dinero que mueven los operadores mineros.
El Ejecutivo presentó el proyecto al Congreso, donde deberá debatirse.
Hasta ahora ha recibido observaciones de representantes de los gremios de pequeña minería y minería artesanal.