La congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, criticó enérgicamente el proyecto de ley impulsado por Fuerza Popular que restringe la participación de ciertos condenados en cargos de elección popular. Este dictamen, presentado por la Comisión de Constitución presidida por la fujimorista Martha Moyano, excluye de la política a sentenciados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín, pero permite que condenados por violación, homicidio o secuestro puedan postular.
Bazán destacó que este dictamen representa un retroceso respecto a la actual Constitución, que impide la postulación de personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos. Según la parlamentaria, la modificación propuesta debilita significativamente las medidas actuales que buscan mantener la integridad en el proceso electoral.
¿Quiénes pueden postular?
De aprobarse este proyecto, figuras con antecedentes criminales notorios podrían ser candidatos. Personajes como el excongresista preso Freddy Díaz, el violador serial Sebastián Quispe Huamán, y los infames Gringasho y La Gata tendrían la posibilidad de postularse. Además, denunció que condenados por trata de personas y secuestro, como los integrantes del Tren de Aragua y los secuestradores de la empresaria Jackeline Salazar, también podrían postular.
Además, este proyecto permitiría a personajes como Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Vladimir Cerrón participar en elecciones. Fujimori y Montesinos, asociados con graves actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Cerrón, condenado por colusión, serían algunos de los beneficiarios de este dictamen.
Reacciones en el Congreso
El pronunciamiento de Sigrid Bazán provocó una respuesta significativa en el Congreso. La cuestión previa presentada por la congresista Francis Paredes, que proponía regresar el dictamen a la Comisión de Constitución, fue finalmente aprobada con 90 votos a favor. Martha Moyano añadió un texto sustitutorio que prohíbe la postulación de sentenciados en primera instancia, pero no modificó los delitos considerados.
Finalmente, Bazán cuestionó las prioridades del Congreso y la oferta política que se le está presentando al país. Enfatizó la necesidad de mantener y fortalecer las barreras legales que impiden que personas con antecedentes criminales puedan acceder a cargos de elección popular. Ello en aras de proteger la integridad del sistema político y la seguridad ciudadana.