La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay al determinar que perdió la totalidad de su capital social y de su reserva cooperativa, situación que la imposibilita para continuar operando. La medida fue oficializada mediante la Resolución SBS N° 01525-2026, publicada en el diario oficial El Peruano.
Como parte de la decisión, la cooperativa fue excluida del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público, iniciándose formalmente el proceso de disolución bajo supervisión de la SBS.
La cooperativa ya había sido intervenida
La decisión llega semanas después de que la SBS sometiera a Rural Abancay a un régimen de intervención al detectar un patrimonio negativo de S/984,168.48 al cierre de marzo de 2025. Según la entidad supervisora, las pérdidas acumuladas habían consumido completamente el capital aportado por los socios y las reservas de la cooperativa.
Tras evaluar la situación financiera de la institución, la SBS concluyó que no existían condiciones para revertir el deterioro patrimonial, por lo que procedió con la disolución definitiva.
Restricciones y administración temporal
La resolución establece que, desde la fecha de la disolución, quedan suspendidas diversas acciones contra la cooperativa, entre ellas el inicio de procesos judiciales o administrativos para cobrar acreencias, la ejecución de sentencias, la constitución de gravámenes sobre sus bienes y la adopción de medidas cautelares.
Asimismo, la SBS designó a Aldo Erick Rojas Sánchez como administrador temporal principal y a Alex Fernando Valderrama Arce como administrador alterno. Ambos estarán a cargo de ejecutar las acciones necesarias para llevar adelante el proceso de disolución y liquidación de la entidad.
Supervisión del sector cooperativo
La disolución de Rural Abancay se produce en el marco del esquema de supervisión implementado por la SBS desde la entrada en vigencia de la Ley N° 30822, norma que fortaleció el control sobre las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público.
Con esta medida, la entidad supervisora busca proteger los intereses de los socios y garantizar que el proceso de cierre se realice conforme a la normativa vigente.