La Cámara de Comercio y Producción de Piura, frente a la exclusión de la región Piura de la reactivación económica, solicitó al Ejecutivo no postergar el desarrollo socioeconómico de la región y permitir que Piura reanude sus actividades, bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y plan de seguridad correspondiente.
Ricardo Álvarez Elías, presidente del gremio empresarial indicó que tras 86 días del estado de emergencia para evitar la propagación del COVID-19 y la paralización de la mayoría de sectores productivos, es imprescindible retomar actividades por el bienestar de la población y para incentivar el crecimiento de la economía regional que contribuirá a minimizar los riesgos de que nuestro país caiga en recesión.
Álvarez Elías fue enfático al señalar que la vida y la salud de las personas son la prioridad y que, no obstante seguir luchando para que Piura supere la crisis sanitaria, es necesaria la reactivación de su actividad empresarial, asegurando un equilibrio entre economía y salud.
«[Esto es posible] cuando hay un compromiso de las empresas e instituciones responsables por cumplir cabalmente con todas las medidas de bioseguridad que garanticen la salud de sus colaboradores y usuarios; a cuyo efecto los órganos competentes jugarán un rol muy importante al realizar las fiscalizaciones pertinentes», afirmó el representante del gremio empresarial piurano.
Ricardo Álvarez hizo hincapié en que las personas necesitan trabajar «porque el trabajo es una de las actividades, fundamentales, para garantizar su subsistencia y mejorar su calidad de vida y que, en ese contexto, resulta indispensable promover la actividad empresarial por ser la principal fuente generadora de empleo».
Exhortó al Ejecutivo a no retrasar el crecimiento de Piura, una de las regiones que más aporta al erario nacional, que aún no se recupera de los efectos devastadores de El Niño Costero en el 2017, tras un lento proceso de reconstrucción en marcha y muchas promesas incumplidas.
Insistió en que debe autorizarse el reinicio de actividades, de conformidad con la normatividad vigente y adecuados a la nueva normalidad, producto de la crisis sanitaria; siguiendo estrictos planes y protocolos de bioseguridad para asegurar que el retorno al trabajo resulte inocuo para la fuerza laboral y garantice la sostenibilidad de las empresas.