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Repsol busca librarse de pagar S/66 millones al Estado peruano por el derrame de petróleo

La empresa española Repsol está en proceso para impugnar la sexta y última multa impuesta por la OEFA. A la fecha, el organismo de control del estado mantiene siete procesos administrativos en su contra.
Por Kathia Guevara Cruz
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Repsol

Repsol buscará impugnar la sexta y última multa que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso por el derrame de petróleo en la Refinería La Pampilla. Son S/3 millones 785.915, correspondiente a 823,025 UIT, por incumplir el aseguramiento del área, contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo.

En total, son más de S/70 millones en multas que la OEFA ha impuesto a la empresa, de las cuales 66 millones se encuentran en proceso de apelación. El pasado 15 de enero, a un año del derrame de petróleo, el tribunal de apelación de la OEFA informó que resolvió a favor de Repsol la primera apelación luego de encontrar conflicto de intereses en la resolución.

La empresa española ha buscado librarse de todas las multas que el Estado le ha impuesto. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) lo sancionó con más de S/12 millones, mientras que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) con más de S/7 millones, la mayoría de estas se encuentran apeladas o dentro del periodo para iniciar el proceso de impugnación.

Cabe resaltar que hasta la fecha el Estado no cuenta con un reporte oficial de daños económicos. A más de un año del derrame de Repsol, la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Giuliana Becerra Celis, informó que el informe estará disponible en ocho meses.

«Esperamos tener los resultados para el mes de setiembre. Es algo que ya se está haciendo y estamos en pleno en ese trabajo porque nos parece importante la identificación del daño ambiental y sobre todo la valoración económica de las afectaciones al ecosistema”, precisó la viceministra.

Para el presidente del Capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura del CIP, Elmer Nieves Valle, la demora en el informe se debería a que no se cuenta con un registró completo de los pescadores artesanales afectados por el derrame.