El informe de la Comisión de Alto nivel para la Reforma Política contiene iniciativas que pretenden frenar la aprobación de leyes populistas que hoy el Congreso aprueba y generan un gasto que perjudica la caja fiscal.
La tendencia de aprobar leyes que generan gasto fiscal se incrementó en el último quinquenio.
Algunos ejemplos de gasto
En los últimos dos años, el Congreso ha promovido tres proyectos de ley que representarían para el Estado gastos adicionales por S/3,746 millones, lo que equivale a un punto del PBI o al doble del presupuesto de apertura de la Municipalidad de Lima del 2019.
Uno de ellos representa un costo de S/1,250 millones y pretende equiparar las pensiones de alrededor de 100,000 policiales y militares en retiro al salario de aquellos que están en actividad.
El parlamento lo aprobó por insistencia en el 2017 y su legalidad se discute hoy en el Tribunal Constitucional (TC).
Otro ejemplo
Otra propuesta, aprobada por la Comisión de Trabajo pero que no ha llegado al pleno, plantea eliminar el régimen CAS e incorpora a aproximadamente 275,000 trabajadores a un régimen laboral más estable.
Según estimados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo de este proyecto para el Estado sería de S/2,178 millones. Además, representa un riesgo para la reforma del servicio civil.
El congresista Eloy Narváez, de Alianza para el Progreso, insistió la semana pasada en impulsar esta medida al presentar un nuevo proyecto de ley similar.
Un cuarto proyecto, cuyo costo es aún incalculable y fue observado por el gobierno, es el que permite la negociación colectiva en el Estado.
El Congreso aún no define si insistirá con esta iniciativa. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry ha manifestado su preocupación por estas iniciativas.
No prohibir, pero sí controlar
Para limitar la facultad que tiene el Congreso de aprobar normas por insistencia la comisión ha planteado que ese mecanismo requiera una votación superior a los dos tercios, es decir, 87 votos. Hoy se aprueba con 66: la mitad más uno.
“En el caso de la insistencia, estamos yendo en la línea de lo que hace toda la región. En el esquema de bicameralidad que proponemos son las dos cámaras [las que deberían aprobar la insistencia]. Pero esta es una propuesta que podría caminar sin la necesidad de un sistema bicameral”, explicó Milagros Campos, integrante de la comisión , a SEMANAeconómica.
Para Enzo Defilippi, exviceministro de Economía, hoy el Congreso puede darle luz verde a las leyes arbitrariamente, sin discusión y sin tomar en cuenta las consecuencias que pueden tener en las cuentas fiscales.
“Esa es una falla estructural. El procedimiento para que el Ejecutivo se defienda es ir al Tribunal Constitucional y ese asunto puede demorar meses”, explicó.
Por qué aprueban esas leyes
El objetivo de los congresistas, independientemente de que sus proyectos sean aprobados, es mostrarle resultados a sus electores, considera Darío Pedraglio, politólogo de Parlamento Abierto, un proyecto del grupo de análisis político 50+1.
“Tienden a presentar proyectos sabiendo que no van a ser aprobados. Lo hacen para regresar a sus circunscripciones y mostrar que están haciendo algo. Pueden hasta decir que el Ejecutivo no los apoya o que otras bancadas no tienen interés”, sostuvo.
El Ejecutivo ha recurrido al TC para contrarrestar las medidas de un Congreso que hasta hace unos meses venía empoderado por la mayoría fujimorista.
“Yo creo que ahí podría encontrarse un punto medio. Pero también debe tenerse en cuenta que cuando viene la observación del Ejecutivo, nosotros hacemos un trabajo. Si sacamos un ranking, en la mayoría de los casos hay allanamientos. Son pocos los casos en los que el Congreso opta por la insistencia”, asegura la congresista Úrsula Letona, de Fuerza Popular.
Ley de presupuesto en la mira
De otro lado, entre agosto del 2016 y hoy las diferentes bancadas del Congreso han presentado doce proyectos de ley que plantean modificar la Ley de Presupuesto que se aprueba anualmente, pero ninguna ha sido aprobada.
De esas iniciativas cinco han sido observadas por el Ejecutivo. Son propuestas de Fuerza Popular (cinco), Nuevo Perú (tres), los no agrupados (dos), el Frente Amplio (una) y Acción Popular (una).
A fines de enero, el congresista Oracio Pacori, planteó derogar una disposición de la Ley de Presupuesto 2019 que prohíbe reajustar e incrementar las remuneraciones en las entidades públicas, a fin de garantizar las negociaciones colectivas.
Los otros proyectos también buscan —explica Campos— “levantar algunas prohibiciones que tienen que ver con deuda social, temas vinculados a contrataciones o con adjudicaciones, o el compromiso de desembolso para determinadas obras cuando todavía no se ha adjudicado”.
Una propuesta para proteger el presupuesto
Para poner un candado a este tipo de proyectos, la comisión de reforma política ha planteado que el Ejecutivo tenga atribución exclusiva para presentar proyectos que modifiquen la Ley de Presupuesto.
“Con eso tendemos a darle estabilidad”, comentó Campos. Aunque ninguno de ellos se ha convertido en ley, sí representan un costo para el Estado.
“Están desperdiciando tiempo, esfuerzo y recursos públicos en algo que ya debió ser discutido y aceptado a fines del año fiscal anterior”, asegura Pedraglio.
Defilippi recuerda que la Constitución establece que los congresistas no pueden crear ni aumentar gastos públicos y que, por lo tanto, esos proyectos no son legales.
“La política fiscal la fija el gobierno porque tiene repercusiones más allá del Estado”, recuerda. El déficit fiscal fue del 2.5% en el 2018 y la meta es reducirlo a 1% en el 2018.
Un mal manejo de las cuentas públicas puede derivar en su incumplimiento y eventualmente en recalificaciones crediticias.
En desacuerdo
Para Letona, la propuesta de la comisión implicaría “limitar la facultad del congresista en forma redundante”.
“Ya está prohibido porque [los congresistas] no tienen iniciativa de gasto. Si no se aprueban [los proyectos] es porque justamente hay una regulación. Creo que lo que busca esta disposición es que el Ejecutivo pueda plantear modificaciones a la Ley de Presupuesto respecto a los candados que le pone el Congreso”.
El gobierno de Martín Vizcarra evalúa si hará suyos estos planteamientos para presentarlos al Congreso como parte de un proyecto de ley. De ser así, la iniciativa sería analizada con los aportes que, según Daniel Salaverry, también presentaría el Congreso.
No obstante, el discurso de Salvador Del Solar cuando solicite el voto de confianza el próximo jueves dará más luces sobre el futuro de la reforma.
