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Contraloría detecta más de 1,500 obras públicas paralizadas en puntos críticos ante El Niño

Terminarlas costaría S/ 14,475 millones. Cusco, Puno, Ayacucho y Áncash concentran la mitad de estas obras, según el contralor César Aguilar.

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La Contraloría General de la República (CGR) identificó 1,508 obras públicas paralizadas ubicadas en puntos críticos ante el fenómeno El Niño (FEN). Culminarlas requiere S/ 14,475.6 millones, informó este jueves el contralor César Aguilar ante la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría del Congreso.

Esas obras son el 67.4% de las 2,237 obras paralizadas que la Contraloría tiene alertadas en todo el país. Cuatro regiones reúnen casi la mitad de las que están en zonas de riesgo: Cusco (272), Puno (212), Ayacucho (149) y Áncash (118). Entre las cuatro suman 751.

Transportes y Comunicaciones es el sector con más obras detenidas en puntos críticos, con 436. Le siguen Vivienda, Construcción y Saneamiento (319), Agricultura (195) y Educación/Cultura (195). Los cuatro sectores concentran el 75.9% del total.

“La paralización de obras limita el cierre de brechas, compromete recursos públicos y posterga servicios esenciales, afectando directamente a la ciudadanía”, dijo Aguilar ante los congresistas.

109 obras reactivadas con control preventivo

La Contraloría aplica la Directiva de Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas, que busca evitar que las obras se deterioren, que se pierdan recursos y que aparezcan nuevas paralizaciones. Con ese mecanismo emitió 282 informes que llevaron a reactivar 109 obras valorizadas en S/ 4,300 millones.

Según el contralor, la culminación de esas 109 obras beneficiará a cinco millones de peruanos.

S/ 865 millones de presunto perjuicio al Estado

Entre enero y el 31 de octubre de 2026, la CGR emitió 35,116 informes de control. De ellos, 24,839 fueron de control simultáneo, 9,374 de control posterior y 903 de control previo.

Los informes de control posterior encontraron presunta responsabilidad en 3,371 funcionarios y servidores públicos. El presunto perjuicio económico suma S/ 865 millones, de los cuales S/ 775 millones salieron de auditorías de cumplimiento y S/ 90 millones de servicios de control específico.

Solo una de cada cuatro recomendaciones de la Contraloría se ha implementado. Entre el 26 de julio de 2024 y el 31 de octubre de 2026, el control posterior generó 44,155 recomendaciones a entidades públicas. De ese total, 11,025 se implementaron, 26,657 siguen en proceso y 6,473 no se aplicaron.

En el control simultáneo, la proporción de pendientes es mayor. De las 127,226 situaciones adversas comunicadas en el mismo periodo, 75,284 (59.2%) siguen sin corregirse, 37,785 fueron subsanadas y 14,157 están en proceso de corrección.