Los 500,000 mineros informales inscritos en el programa REINFO generarán este año exportaciones de oro por US$11,000 millones, equivalentes a casi la mitad del total aurífero del país, y se han convertido en el bloque electoral más disputado de la segunda vuelta presidencial peruana del domingo.
La contienda enfrenta a la conservadora Keiko Fujimori contra el izquierdista Roberto Sánchez en una carrera que las encuestas dan ajustada, con ligera ventaja para Fujimori. En 2021, ella perdió ante Pedro Castillo por apenas 45,000 votos —un margen de 0.25%—, lo que hace que la concentración de mineros en regiones rurales resulte decisiva.
El programa que nadie se atreve a cerrar
El REINFO permite operar a pequeños mineros sin contar con la totalidad de permisos ambientales o de funcionamiento. Creado en 2016 y previsto para vencer en 2020, ha sido prorrogado de forma sucesiva mientras el precio internacional del oro se disparaba y el sector informal crecía en tamaño, valor e influencia política. El programa expira el 31 de diciembre, pero ningún candidato plantea desmantelarlo.
Fujimori prometió a las grandes empresas mineras —que se oponen al REINFO— combatir la minería ilegal, aunque simultáneamente ofrece modernizar el sector informal y ampliar el acceso al crédito estatal. Sánchez, por su parte, votó a favor de prorrogar el programa cuando era legislador y propone reasignar concesiones inactivas a mineros artesanales.
Regiones mineras que impulsan a Sánchez
Las zonas con mayor presencia del REINFO fueron clave para que Sánchez llegara a la segunda vuelta pese a ir rezagado en las encuestas de la primera ronda. Magna Ismael Palomino, coordinador de CONFEMIN —el mayor gremio artesanal del país—, confirmó que los pequeños mineros y su cadena de valor respaldan a Sánchez y reclaman una prórroga de al menos tres años.
«Treinta años de minería y los pueblos mineros siguen siendo los más pobres de nuestro país», declaró Sánchez a Reuters.
A finales de 2025, casi 20 millones de hectáreas estaban bajo concesiones mineras en Perú, más de la mitad en manos de medianas y grandes empresas, aunque solo el 10% fue explorado o explotado activamente, según datos del gobierno y ONG.
Impacto político y financiamiento
Un análisis de Reuters de los datos del registro REINFO y de los registros electorales detectó flujos de millones de soles desde unas 450 personas vinculadas al programa hacia partidos políticos, aunque las donaciones se distribuyen en todo el espectro y frecuentemente se vinculan a contiendas regionales o campañas autofinanciadas.
Julia Torreblanca, presidenta de la cámara minera del país, fue directa: «Hoy en día, la minería ilegal es una economía más poderosa que el narcotráfico. Necesitamos transparencia sobre los candidatos y funcionarios financiados por esta economía ilegal.»
Un sistema difícil de depurar
El mismo análisis de Reuters sobre más de 24,000 permisos activos del REINFO reveló que la purga de 2025 —que revocó más de 50,000 titulares por incumplimiento— dejó intacto gran parte del sistema.
Al menos 1,005 personas con permisos revocados actúan hoy como representantes legales de empresas que aún operan bajo el programa, y 1,255 empresas con al menos un permiso cancelado continúan activas mediante otros registros.
El sistema se regenera con rapidez: cerca de 2,600 nombramientos de representantes legales en empresas REINFO activas se realizaron en 2025 o 2026. Incluso ciudadanos extranjeros y grandes corporaciones controlan múltiples permisos dentro de un esquema diseñado originalmente para mineros locales de pequeña escala.
Perú mantiene en cartera proyectos mineros por US$63,000 millones. Los conflictos con la minería informal ya han retrasado algunos de ellos, entre los que destaca el proyecto Los Chancas, valorado en US$2,600 millones.