El Ministerio Público argumenta que los congresistas Guido Bellido Ugarte y Guillermo Bermejo habrían intentado influenciar en la declaración del testigo Boby Villaroel para que este cambie su testimonio a favor de los parlamentarios investigados por el delito de terrorismo cuando no eran congresistas.
EL fiscal añade que, el abogado de Perú Libré, Jhon Klever Benites Tangoa, se reunió con Boby Villarreal en el un sauna para ofrecerle asilo político en otro país y dinero el día 21 de septiembre del 2021, día en el que tenia que declarar como testigo en el caso de afiliación terrorista donde se investiga a Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Vladimir Cerrón, entre otros.
Debido a los hechos ocurridos, la investigación preliminar solicita la medida del levantamiento del secreto de las comunicaciones en los términos de trafico de comunicaciones (registro de llamadas telefónicas).
Siendo así, el sustento principal de la solicitud que tiene la Fiscalía es verificar si hubo una comunicación coetánea entre los implicados Guido Bellido, Guillermo Bermejo con el abogado Jhon Klever Benites Tangoa.
La abogada de Guido Bellido demando: » … Esta defensa no está en contra de las diligencias de investigación, estamos en contra de que se vulneren derecho protegidos por la constitución, sin tener elementos de convicción suficientes que fundamenten este requerimiento…»
Según el abogado de Bermejo: «¿Que elemento de convicción ha adjuntado el fiscal que pueda tener algún tipo de incidencia ¿De donde se saca esta relación? ¿De donde? … en las declaraciones de Boby Villaroel no corrobora ningún vinculo, es decir, no existe ningún elemento de convicción corroborador o independiente que pueda establecer una vinculación entre mi patrocinado Guillermo Bermejo Rojas y los hechos que son materia de investigación…»
Al concluir la audiencia para el levantamiento del secreto de las comunicaciones contra Guido Bellido, Guillermo Bermejo Rojas y Jhon Benites Tangoa, el juez supremo Juan Carlos Checkley anució que dará a conocer su fallo dentro del plazo de ley (treinta días), la cual será notificada a las respectivas casillas electrónicas de las partes procesales.