La recaudación peruana rompió marcas. Entre enero y abril de 2026, la SUNAT captó S/ 91,134 millones, un crecimiento de 11.1% frente al mismo período del año anterior. Los números parecen alentadores. Pero esconden una paradoja que el MEF ya no puede ignorar: a mayor recaudación, menor presión tributaria.
La carga fiscal cayó a 14.4% del PBI en 2024, el nivel más bajo desde 2010, muy por debajo del promedio latinoamericano (29.3%) y del promedio de la OCDE (40.2%).
El Estado recauda más porque el PBI crece y los precios de los metales están en niveles históricos, no porque haya resuelto sus problemas estructurales. El boom es real, pero frágil.
Anatomía de los ingresos: Minería e IGV conducen el crecimiento
Dentro de los S/ 91,134 millones captados entre enero y abril, el impuesto a la renta aportó S/ 37,874 millones —el 41.6% del total—, de los cuales S/ 4,472 millones provinieron de la minería. El IGV sumó S/ 34,752 millones (38.1%), dividido entre IGV interno (S/ 21,673 millones) e IGV aduanero (S/ 13,079 millones).
Las contribuciones sociales —EsSalud, ONP y asistencia previsional— aportaron S/ 7,792 millones (8.5%). Por sectores, la minería encabezó la lista con S/ 14,612 millones en total, seguida por comercio con S/ 10,845 millones, manufactura con S/ 8,647 millones e intermediación financiera con S/ 7,264 millones.
El crecimiento de 11.1% respecto a abril de 2025 refleja la aceleración del PBI y la extraordinaria bonanza de los metales. Lo que no refleja es la profundidad de los problemas que el boom encubre.
La paradoja: Evasión, exoneraciones y leyes con costo fiscal
El primero de esos problemas es la evasión. La SUNAT estima que el incumplimiento del IGV y del impuesto a la renta de tercera categoría representó 9.3% del PBI en 2024, equivalente a más de S/ 100,000 millones que el fisco dejó de percibir.
Solo el incumplimiento del IGV alcanza el 34.4% de su recaudación potencial. Es decir, el Estado recupera menos de dos tercios de lo que legalmente le corresponde solo por ese impuesto.
A eso se suman los gastos tributarios. Las exoneraciones, inafectaciones y tasas reducidas para sectores como agricultura, Amazonía y turismo representaron 2.2% del PBI en 2025, unos S/ 26,000 millones. Muchos de esos beneficios nunca han sido evaluados en cuanto a su impacto real.
Y entre 2021 y 2025, el Congreso aprobó 30 leyes que reducen ingresos permanentes en más de S/ 15,000 millones al año. El Consejo Fiscal registra además 248 leyes del mismo período con efecto fiscal adverso, la mayoría impulsadas por el Legislativo.
La trampa del gasto rígido
El gasto tampoco acompaña. Los impuestos financian el 81.6% del presupuesto público, pero la mayor parte se destina a gasto corriente.
Las planillas y pensiones del sector público absorbieron S/ 92,035 millones (41.8% del gasto financiado con tributos), mientras la inversión pública apenas llegó a S/ 52,493 millones (23.8%).
En educación, el contraste es aún más marcado: S/ 33,908 millones en pagos al personal frente a S/ 9,842 millones en inversión educativa.
El MEF proyecta que el gasto corriente bajará de 14.3% del PBI en 2025 a 14.1% en 2026, pero en términos reales crecerá 2.6%.
La inversión pública, en cambio, solo subirá 1.1%. El presupuesto de inversión ya cayó de 4.8% del PBI en 2025 a 3.9% en 2026 y podría llegar a 3.6% en 2029 si el gasto corriente no se modera. La advertencia es directa: el ajuste fiscal recaerá sobre el rubro más importante para cerrar brechas de infraestructura.
La dependencia minera: el riesgo que nadie controla
La otra vulnerabilidad es externa. La minería aporta el 16% de la recaudación total, y ese flujo depende del precio de los metales y del apetito de China, que consume más de la mitad del cobre mundial y proyecta crecer 4.8% en 2026.
Cualquier moderación en Pekín, o una caída en los commodities, comprime directamente los ingresos del fisco. Financiar planillas permanentes con rentas mineras esencialmente transitorias es, en palabras del propio MEF en su Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029, una trampa fiscal.
El déficit se mantiene en 1.8% del PBI y la deuda en 30%, niveles que preservan el grado de inversión.
El próximo gobierno recibirá una economía que crece al 3.2%, pero también una agenda fiscal que acumula postergaciones: reducir el incumplimiento tributario, racionalizar exoneraciones sin evaluación de impacto y proteger la inversión pública de un gasto corriente que crece por inercia.
La caja fiscal desborda, sí. Pero vaciarse también es una posibilidad que ya tiene fecha en los modelos del MEF.